Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental durante dos años y avanzar con una serie de medidas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público en todo el país.
La iniciativa propone complementar las herramientas previstas en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y contempla desde la ampliación de dispositivos de asistencia hasta la reincorporación de trabajadores cesanteados del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”.
El proyecto reúne las firmas de legisladores de distintos espacios políticos. Entre ellos aparecen Cecilia Moreau, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Mónica Frade, Esteban Paulón, Nicolás Massot, Marcela Pagano, Natalia de la Sota, Lourdes Arrieta, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Teresa García, Jimena López e Hilda Aguirre.
Uno de los principales ejes es la apertura, adecuación y fortalecimiento de dispositivos de asistencia en salud mental en todo el territorio nacional. A eso se suma la propuesta de aumentar y distribuir de manera equitativa los recursos humanos especializados según las necesidades de cada provincia.
El texto también busca fortalecer las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Adicciones (RISAM) y restablecer de manera inmediata el Programa Remediar en su componente de Salud Mental.
Otra de las medidas apunta a incrementar la cantidad de operadores de las líneas telefónicas gratuitas destinadas a la atención en salud mental. Asimismo, establece que deberá garantizarse el acceso oportuno y equitativo a psicofármacos bajo prescripción médica, sin restricciones.
Dentro de ese paquete, los legisladores incluyeron la reincorporación del personal cesanteado del Hospital Laura Bonaparte, uno de los puntos que vincula la declaración de emergencia con la situación de los recursos humanos y los dispositivos especializados.

La iniciativa dedica un apartado específico a la atención de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, propone incorporar equipos interdisciplinarios con formación específica en salud mental en los dispositivos correspondientes al primer nivel de atención.
Además, impulsa el diseño y la implementación de programas integrales destinados específicamente a esa franja etaria, con el objetivo de ampliar la capacidad de prevención, detección y asistencia desde las primeras instancias del sistema sanitario.

El proyecto también propone crear el Fondo Especial Federal Solidario para la Emergencia en Salud Mental, que tendría como finalidad financiar las medidas previstas mientras se encuentre vigente la declaración de emergencia.
Entre las fuentes de financiamiento contempladas aparece un porcentaje de la recaudación del impuesto a las apuestas online que actualmente tiene como destino el Tesoro Nacional.
De avanzar en el Congreso, la emergencia tendría una vigencia inicial de dos años y establecería un esquema de intervención nacional que combinaría financiamiento específico, fortalecimiento de los equipos profesionales, acceso a medicamentos y ampliación de los dispositivos públicos de atención.