En el marco del refuerzo de controles ordenado por el Gobierno de la Ciudad sobre los negocios de compraventa y servicio técnico de telefonía móvil, se clausuraron 112 locales en los últimos quince días. Los operativos buscan frenar el circuito ilegal de celulares robados que vuelven a insertarse en el mercado.

Las inspecciones, desplegadas por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad, incluyeron allanamientos en puntos críticos como el barrio de Once -en galerías de las avenidas Corrientes, Pueyrredón y la calle Junín-, donde se incautaron equipos con denuncias vigentes ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y módulos de repuestos de procedencia no justificada.
Durante los procedimientos se detuvo a cinco personas y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió un contundente mensaje al sector:
"Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad".

La medida surge a partir del reciente decreto de la administración porteña que declaró la emergencia transitoria del rubro, creó un registro obligatorio para comerciantes de equipos usados, intensificó las fiscalizaciones y suspendió nuevas habilitaciones en zonas estratégicas como Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers y Chacarita-Villa Crespo.
Macri enfatizó la firmeza con la que el Ejecutivo local abordará esta problemática:
"El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley".
Desde la sede de gobierno destacaron que esta acción forma parte de un plan integral de seguridad y control del espacio público que incluye la recuperación de propiedades usurpadas, controles contra construcciones ilegales en barrios vulnerables y un despliegue policial en los límites con la provincia de Buenos Aires.