La decisión política que abrió miles de causas y cambió el rumbo judicial

El 2 de septiembre de 2003, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 25.779, que había sido sancionada por el Congreso pocos días antes y que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, removiendo uno de los principales obstáculos normativos que habían limitado el avance de las investigaciones por los crímenes de la última dictadura.

En ese escenario, Néstor Kirchner llevaba apenas cien días en la Casa Rosada y el Congreso acababa de aprobar una ley que tendría consecuencias profundas sobre la historia judicial argentina.

La democracia y una deuda pendiente

El regreso de la democracia en 1983 había abierto un proceso inédito en la Argentina y en la región. El gobierno de Raúl Alfonsín impulsó el Juicio a las Juntas y consiguió que los máximos responsables de la dictadura fueran juzgados y condenados. Sin embargo, las presiones militares y la conflictividad política terminaron condicionando la continuidad de ese proceso y dieron lugar a nuevas normas que limitaron el alcance de las investigaciones.

En 1986 fue sancionada la Ley 23.492, conocida como Ley de Punto Final, que estableció un plazo para iniciar acciones penales contra quienes hubieran participado en hechos vinculados con la represión ilegal. Al año siguiente, la Ley 23.521, conocida como Ley de Obediencia Debida, estableció una presunción de que determinados integrantes de las Fuerzas Armadas habían actuado bajo órdenes superiores, limitando su responsabilidad penal en determinados casos.

Durante años, ambas normas funcionaron como una barrera para numerosas investigaciones. La democracia había recuperado las instituciones, pero una parte de los crímenes cometidos durante la dictadura permanecía fuera del alcance efectivo de los tribunales. El problema ya no era solamente qué había ocurrido durante el terrorismo de Estado, sino hasta dónde estaba dispuesta a llegar la Justicia para juzgarlo.

El Congreso tomó la decisión

La precisión institucional es importante: Kirchner no anuló las leyes. La Ley 25.779 fue sancionada por el Congreso de la Nación y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo. La norma declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, una fórmula jurídica destinada a impedir que continuaran produciendo efectos como obstáculos para la persecución penal de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

El Congreso sancionó la norma el 21 de agosto de 2003 y el Poder Ejecutivo la promulgó el 2 de septiembre. Kirchner tuvo así un papel institucional concreto y decisivo: convertir en ley, mediante su promulgación, una decisión que había sido adoptada por el Poder Legislativo. 

La decisión legislativa tuvo además un fuerte contenido político. El nuevo gobierno había colocado la política de derechos humanos entre sus principales banderas y encontró en la anulación de aquellas leyes uno de los primeros grandes puntos de contacto entre su discurso y la acción institucional. La Argentina volvía a discutir qué lugar debían ocupar los crímenes de la dictadura dentro de un sistema democrático que todavía arrastraba las consecuencias de aquellos años.

Una ley no alcanzaba para cerrar la historia

La sanción de la Ley 25.779 no significó que todos los procesos judiciales se reanudaran automáticamente. La norma abrió una nueva etapa, pero todavía quedaba por resolver una cuestión fundamental: qué validez constitucional tenían las leyes anuladas y qué consecuencias jurídicas podían producir las decisiones adoptadas durante los años en que esas normas habían impedido avanzar con las investigaciones.

La respuesta definitiva llegaría en 2005. El 14 de junio de ese año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el caso “Simón” y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El máximo tribunal sostuvo que los delitos de lesa humanidad no podían quedar alcanzados por disposiciones que impidieran su investigación y juzgamiento.

El fallo de la Corte terminó de consolidar jurídicamente el camino iniciado en 2003. A partir de entonces se profundizó la reapertura de investigaciones y comenzaron a desarrollarse nuevos juicios contra responsables de delitos cometidos durante la última dictadura. El Congreso había sancionado la ley, el Ejecutivo la había promulgado y la Corte terminó de darle el respaldo constitucional que permitió consolidar sus efectos.

Una generación que tenía 18 años

Para quienes tenían 18 años en septiembre de 2003, la dictadura podía parecer una historia perteneciente a otra generación. Habían pasado veinte años desde el retorno de la democracia y muchos jóvenes habían nacido después de 1983. Sin embargo, las decisiones que se tomaron en aquellos días demostraban que el pasado todavía estaba vivo y que sus consecuencias no estaban encerradas en los libros de historia: seguían llegando a los tribunales.

También era una Argentina que intentaba reconstruirse después de la brutal crisis de 2001. La desconfianza hacia la política y las instituciones era enorme, mientras un presidente que había obtenido apenas el 22,25% de los votos comenzaba a construir su propio espacio político. En ese contexto, la política de derechos humanos se convirtió rápidamente en uno de los rasgos distintivos del kirchnerismo y en uno de los terrenos donde el nuevo gobierno buscó diferenciarse de las etapas anteriores.

Veintitrés años después, resulta difícil dimensionar desde aquel presente la importancia que terminaría adquiriendo aquella decisión legislativa. La Ley 25.779 no resolvió por sí sola todos los obstáculos existentes, pero formó parte de un proceso político, legislativo y judicial que modificó profundamente la respuesta del Estado argentino frente a los crímenes de la dictadura.