Nicolás Maduro intenta utilizar precisamente su condición de jefe de Estado para evitar el juicio penal en Estados Unidos, aunque Washington dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019. Sus abogados pidieron este miércoles al juez federal Alvin Hellerstein que desestime las acusaciones por narcotráfico y otros delitos al considerar que Maduro estaba protegido por inmunidad soberana cuando fue capturado en Caracas el pasado 3 de enero.
Su abogado Barry Pollack sostiene que los jefes de Estado tienen inmunidad absoluta frente a procesos penales extranjeros y argumenta además que algunas de las conductas atribuidas a Maduro formarían parte de funciones oficiales. Maduro se declaró inocente y, si no logra frenar anticipadamente el proceso, su juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.
La inmunidad de los jefes de Estado existe como principio del derecho internacional, pero el problema de Maduro es determinar si una corte estadounidense debe considerarlo jurídicamente como tal. Expertos consultados por Reuters consideran que enfrenta una batalla difícil porque los tribunales estadounidenses suelen deferir al Ejecutivo cuando deben decidir a quién reconoce Washington como gobernante legítimo de otro país.
El antecedente de Manuel Noriega tampoco favorece automáticamente a la defensa. Una corte rechazó en 1990 su pretensión de inmunidad después de que fuerzas estadounidenses lo capturaran en Panamá. Pollack intenta diferenciar ambos casos: argumenta que Washington nunca consideró a Noriega presidente, mientras que en el caso venezolano EE.UU. cuestiona la legitimidad de Maduro desde 2019, pero no que ejerciera materialmente el poder.

La defensa encontró además una aparente contradicción que pretende explotar ante Hellerstein. Pollack sostiene que resulta incongruente que Washington coopere ahora con Delcy Rodríguez, quien llegó a la Vicepresidencia bajo Maduro, mientras rechaza que Maduro pueda reclamar la condición jurídica de jefe de Estado. Rodríguez gobierna Venezuela desde su captura y ha profundizado la cooperación con la administración de Donald Trump.

La maniobra judicial no determina si Maduro es culpable o inocente de los delitos que se le imputan: busca impedir que esas acusaciones lleguen siquiera a juicio. Los fiscales tienen hasta el 2 de octubre para responder y Hellerstein celebrará el 17 de noviembre una audiencia sobre la petición. Antes de discutir las pruebas del caso, Maduro deberá superar una cuestión que lleva años persiguiéndolo políticamente: que el mismo Gobierno ante cuyos tribunales reclama inmunidad dejó de reconocer su presidencia siete años atrás.