Estrategia peronista
03/09/2026 - Edición Nº1304
Política
Infraestructura vial
“Cero impuestos” para las rutas: el plan de Caputo que necesita el aval de gobernadores
03/09/2026 | El Gobierno enviará el proyecto al Congreso para incentivar las concesiones privadas. El esquema comenzaría con 6.000 kilómetros y luego alcanzaría unos 12.000.
El Gobierno busca impulsar nuevas inversiones privadas para la construcción, mantenimiento y explotación de las rutas nacionales.
El Gobierno nacional prepara un nuevo esquema para acelerar la concesión de rutas y atraer inversiones privadas: buscará que las empresas que realicen nuevas inversiones en corredores viales queden exentas del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
La iniciativa será enviada al Congreso y fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el objetivo es avanzar hacia un régimen de “cero impuestos” para las nuevas inversiones en infraestructura vial.
El proyecto aparece en momentos en que el Ejecutivo profundiza su modelo de participación privada en las rutas nacionales y prepara la licitación de nuevos corredores. Inicialmente, el esquema comprendería unos 6.000 kilómetros distribuidos en distintos puntos del país, aunque el plan oficial contempla alcanzar posteriormente alrededor de 12.000 kilómetros.
Pero la implementación integral del beneficio tiene una dificultad: el Gobierno nacional no puede disponer por sí mismo la eliminación de impuestos cobrados por provincias y municipios. Para lograr el esquema planteado por Caputo deberá conseguir el acompañamiento de gobernadores e intendentes.
Qué significa el “cero impuestos” que propone Caputo
El ministro anticipó el proyecto durante su participación en el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, explicó Caputo al adelantar los lineamientos de la iniciativa.
La intención es que las empresas privadas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores nacionales comprendidos en el nuevo esquema cuenten con un tratamiento impositivo diferencial.
Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, la reducción de la carga tributaria buscará generar “más incentivo” para las inversiones y abaratar el desarrollo de los proyectos, además de acelerar su ejecución.
El beneficio estaría vinculado a las nuevas inversiones y acompañaría el proceso mediante el cual el Gobierno busca transferir al sector privado la gestión de una parte significativa de la red vial nacional.
Por qué el Gobierno necesita a los gobernadores
Una de las principales incógnitas estará en la instrumentación del régimen más allá de los impuestos nacionales.
El Congreso puede establecer modificaciones sobre los tributos correspondientes a la Nación, pero la eliminación de cargas provinciales y municipales requiere necesariamente la participación de esas jurisdicciones.
El Gobierno deberá, por lo tanto, encontrar un mecanismo de adhesión que permita sumar a las provincias y eventualmente a los municipios alcanzados por las concesiones.
Caputo se mostró confiado en conseguir ese respaldo. Según sostuvo, gobernadores e intendentes “coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”.
El planteo aparece, además, en medio de los reclamos que distintos mandatarios provinciales vienen realizando por el deterioro y la falta de mantenimiento de corredores nacionales. En algunos casos, incluso avanzaron negociaciones para transferir rutas desde la órbita nacional hacia las provincias.
Ese escenario podría convertirse en una de las cartas del Ejecutivo para negociar adhesiones al nuevo régimen, aunque todavía resta conocer el texto definitivo del proyecto y qué mecanismo propondrá para incorporar los beneficios tributarios correspondientes a cada jurisdicción.
El nuevo modelo, en medio del recorte de fondos para rutas
El giro hacia las concesiones privadas se produce después de una fuerte reducción de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial.
Un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó a su menor nivel en tres décadas. Al considerar en conjunto las partidas de Vialidad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el informe calculó una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.
Según el mismo análisis, los fondos destinados al mantenimiento de rutas nacionales disminuyeron un 60% en términos reales: pasaron de $826 mil millones en 2023 a $333 mil millones en 2025.
Para 2026, la proyección mencionada en el informe ubica esos recursos en unos $248 mil millones.
También hubo una reducción en las partidas destinadas a construcción vial, que pasaron de $1,054 billones en 2023 a $265 mil millones en 2025.
El impacto se reflejó además en las inversiones realizadas en las provincias. En Buenos Aires, por ejemplo, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025, mientras que el relevamiento identificó caídas importantes también en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
En ese contexto, el Gobierno apuesta ahora a que el capital privado tome un papel central en el mantenimiento y desarrollo de los corredores nacionales.
El proyecto que llegará al Congreso será una pieza de esa estrategia: ofrecer una menor carga tributaria para hacer más atractivas las concesiones. Sin embargo, para concretar la promesa de “cero impuestos” formulada por Caputo, el Ejecutivo deberá sumar un componente político decisivo: convencer a gobernadores e intendentes de resignar también parte de sus propios tributos.
