Islas Malvinas: cómo quitarle a Londres su argumento más eficaz

Cada vez que la Argentina dice Malvinas, Londres responde isleños. No discute primero qué ocurrió en 1833, no explica por qué una controversia reconocida por Naciones Unidas puede permanecer congelada durante generaciones y tampoco se detiene demasiado en los títulos históricos que enfrentan a ambos Estados. Cambia el escenario. Lleva la discusión desde la soberanía hacia la voluntad de quienes viven en las islas y presenta el problema de una manera mucho más cómoda: ya no parece una potencia europea administrando un territorio disputado frente a las costas sudamericanas, sino una pequeña comunidad democrática que necesita protección ante un país que pretende imponerle otra nacionalidad.

En junio de 2026, el Reino Unido volvió a exponer esa posición ante la Organización de Estados Americanos: sostuvo que los deseos de los habitantes deben prevalecer, invocó el referéndum de 2013 -99,8 por ciento a favor de conservar el vínculo británico, con una participación del 92 por ciento- y afirmó que no puede existir ninguna negociación sin el acuerdo y la participación de los isleños. Es una construcción política formidable porque obliga a la Argentina a defender su soberanía dentro de una escena moral escrita por Londres. 

La bandera desplegada por los jugadores argentinos después de derrotar a Inglaterra consiguió interrumpir por unas horas ese libreto. El gobierno británico reaccionó, la discusión atravesó al fútbol y Simon Jenkins escribió en The Guardian que las islas no pueden permanecer británicas eternamente. Pero la parte más interesante de aquella columna no fue la frase que celebramos de este lado del Atlántico, sino la reconstrucción de una época en la que la relación entre los habitantes y el continente no estaba reducida al resentimiento, la distancia y la presencia militar. Antes de 1982 hubo viajes, atención sanitaria, educación, abastecimiento y una convivencia práctica que permitía imaginar que el conflicto no estaba condenado a durar para siempre. Jenkins no descubrió la soberanía argentina ni convirtió a The Guardian en un aliado de Buenos Aires. Hizo algo quizá más importante: recordó que la enemistad absoluta tampoco es una ley de la naturaleza.

La posición jurídica argentina continúa siendo sólida. La resolución 2065 identificó una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, convocó a ambos gobiernos a negociar y estableció que debían tenerse en cuenta los intereses de los habitantes. No los reconoció como un tercer Estado ni les entregó la facultad unilateral de resolver la titularidad del territorio. La Constitución Nacional, al mismo tiempo, declara irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía y ordena hacerlo conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de quienes residen allí. El problema no está en esa arquitectura jurídica. El problema aparece cuando la Argentina supone que repetirla alcanza para ganar también la discusión política. Para gran parte del mundo, la imagen es mucho más sencilla: existe una comunidad que dice no querer ser argentina y un país que responde que esa voluntad no define la soberanía. Londres no necesita derrotar toda nuestra argumentación histórica mientras consiga que Buenos Aires parezca indiferente frente a las personas concretas que viven sobre el territorio reclamado. 

La trampa de discutir solamente quién decide

Negar que los isleños constituyan una tercera parte soberana no obliga a ignorarlos. Ésa es la confusión que beneficia al Reino Unido. Una cosa es sostener que la disputa debe resolverse entre dos Estados y otra muy distinta actuar como si la población pudiera reducirse a una nota al pie del expediente. La Argentina no necesita pedirles permiso para reclamar lo que considera propio, pero sí necesita explicarles -y explicarle al mundo- qué país les está proponiendo. Qué ocurriría con sus casas, sus escuelas, su idioma, sus instituciones, sus ahorros, sus jubilaciones, sus contratos y sus vínculos familiares con Gran Bretaña. La soberanía puede ser irrenunciable; la confianza, en cambio, no se decreta.

Londres comprendió hace tiempo que su defensa más eficaz no se encuentra únicamente en sus títulos jurídicos ni en su capacidad militar. Está en el temor de los habitantes a la Argentina. Mientras ellos crean que cualquier avance del reclamo argentino amenaza su identidad, el Reino Unido podrá presentarse como su único protector y convertir toda convocatoria al diálogo en una forma de agresión. Cada declaración altisonante pronunciada desde Buenos Aires, cada insulto contra los isleños y cada insinuación de que deberían abandonar sus hogares actualiza ese temor y le entrega al Foreign Office una pieza gratuita de propaganda. Los habitantes actuales no ocuparon las islas en 1833, no organizaron el desalojo de las autoridades argentinas y tampoco decidieron la invasión de 1982. Hacerlos personalmente responsables de una controversia que los precede no fortalece la causa nacional: fortalece el argumento británico.

Vehículos anfibios y comandos en Puerto Argentino tras el desembarco del 2 de abril de 1982.

La dictadura hizo en 1982 mucho más que conducir al país a una guerra criminalmente improvisada. Transformó una causa legítima en una experiencia traumática para quienes vivían en las islas y le permitió al Reino Unido reemplazar la discusión sobre el origen de la ocupación por el relato de una comunidad salvada de una invasión. La democracia argentina recuperó la vía pacífica y diplomática, pero nunca logró desarmar por completo aquella representación. Honrar a los soldados argentinos, denunciar la irresponsabilidad de la Junta y garantizar que ningún habitante será sometido a la violencia no son posiciones contradictorias. Son partes de una misma madurez histórica. El patriotismo que necesita callar una de ellas para sostener las otras termina pareciéndose demasiado a la manipulación que envió a nuestros jóvenes a combatir sin recursos ni conducción.

Cuando la Argentina era una vecina y no una amenaza

La experiencia previa a la guerra demuestra que otra relación fue posible. El acuerdo de comunicaciones de 1971 incorporó vínculos en materia de salud, educación, viajes y transporte; en 1972 se sumó el acuerdo para la pista aérea, posteriormente hubo abastecimiento de combustibles y también cooperación científica. El propio Parlamento británico registró aquella secuencia como un avance gradual hacia una convivencia posible. No resolvió la soberanía ni consiguió que los habitantes modificaran inmediatamente su identidad, pero convirtió a la Argentina en algo más que un reclamante lejano: la volvió un país cercano que podía prestar servicios, recibir estudiantes, facilitar comunicaciones y resolver necesidades concretas. 

Ésa es una diferencia central. Las personas no confían en un mapa, una resolución o una promesa abstracta. Confían —o dejan de desconfiar— a partir de experiencias. Mientras la Argentina existió en la vida cotidiana de las islas como vía de transporte, atención médica, educación y contacto humano, la controversia pudo convivir con una aproximación gradual. Después de la guerra, Londres organizó el aislamiento como una garantía de seguridad y Buenos Aires aceptó demasiadas veces que la relación quedara limitada a comunicados cruzados. Así, cada generación nacida en las islas creció con el Reino Unido como protector material y con la Argentina como una presencia fundamentalmente reivindicativa. Pretender que esa percepción desaparezca porque nuestros documentos son correctos equivale a pedirle a la política que se comporte como un tribunal.

La foto que dio la vuelta al mundo. Un semanario francés muestra al comando anfibio Jacinto Batista custodiando a un grupo de Royals Marines por las calles de Puerto Argentino el 2 de abril. La hilera la encabeza Lou Armour.

Reconstruir vínculos civiles no significa congelar la soberanía ni premiar el statu quo. Significa impedir que el Reino Unido continúe administrando en soledad la relación de los habitantes con el continente al que pertenecen geográficamente. La Argentina podría ofrecer becas universitarias, programas sanitarios, cooperación científica, asistencia ante emergencias marítimas, investigación ambiental, intercambio cultural y canales permanentes de información en inglés, siempre bajo una fórmula expresa de salvaguardia de soberanía. No se trataría de negociar el título territorial con la administración isleña ni de convertirla en una tercera parte. Se trataría de escuchar necesidades, responder inquietudes y demostrar capacidad de convivencia. Una política nacional segura de sus derechos no debería temerle al contacto humano.

El documento que la Argentina todavía le debe al futuro

La Constitución promete respetar el modo de vida de los habitantes, pero aquella definición debe abandonar la solemnidad y transformarse en una oferta precisa. La Argentina necesita un Estatuto de Garantías para los Habitantes de las Islas Malvinas, redactado en castellano y en inglés, respaldado por una mayoría amplia del Congreso y presentado ante Naciones Unidas como compromiso permanente del Estado. No un folleto de campaña ni una declaración sujeta al presidente de turno, sino un régimen detallado que sobreviva a las elecciones, las crisis económicas y los cambios de orientación diplomática.

Soldados apostados en Puerto Argentino leen los diarios con las novedades de los sucesos en las Islas Malvinas Télam 162.

Ese estatuto debería garantizar la continuidad del inglés como idioma oficial, el mantenimiento de las escuelas y expresiones culturales existentes, un gobierno local elegido por los propios habitantes, protección absoluta de la propiedad privada y los derechos hereditarios, reconocimiento de contratos, jubilaciones y empleos, conservación de los vínculos familiares y culturales con el Reino Unido, un régimen fiscal y aduanero especial, acceso a la doble nacionalidad cuando corresponda, ausencia de desplazamientos forzosos y un período prolongado de transición institucional. También debería contemplar mecanismos internacionales de supervisión, una defensoría independiente para los habitantes y garantías suficientes para que ninguna administración argentina futura pueda modificar unilateralmente ese esquema. Nada de eso implica aceptar que la soberanía sea sometida a un plebiscito local. Implica tomar en serio la obligación constitucional de respetar un modo de vida y convertirla en una política verificable.

Las garantías no debilitan la soberanía. La vuelven creíble. Un Estado seguro de su derecho no debería tener dificultades para limitar su propio poder con el propósito de proteger a una población pequeña. Al contrario: cuanto más preciso sea el compromiso argentino, menos espacio quedará para que Londres describa cualquier negociación como el comienzo de una expulsión, una confiscación o una asimilación cultural. El Reino Unido puede responder con facilidad a una consigna; le resultaría bastante más incómodo responder a una ley argentina que asegure que nadie perderá su casa, su idioma, su identidad, su gobierno local ni sus vínculos con Gran Bretaña.

Alexander Haig, el mediador del gobierno norteamericano, junto al canciller Nicanor Costa Méndez. Todas las negociaciones para alcanzar la paz fueron infructuosas. Télam.

No sería razonable esperar que los habitantes confíen de inmediato. La memoria de la guerra, décadas de aislamiento y una identidad construida alrededor del vínculo británico no desaparecerán después de una conferencia de prensa. La política exterior seria no trabaja para la reacción de la semana siguiente. Trabaja para alterar las condiciones dentro de diez, veinte o treinta años. La Argentina no necesita ganar mañana una consulta que además no reconoce como mecanismo aplicable a la soberanía. Necesita romper la equivalencia política según la cual Reino Unido significa protección y Argentina significa amenaza. Mientras esa fórmula permanezca intacta, Londres conservará una ventaja que ningún discurso ante Naciones Unidas podrá compensar por sí solo.

Hablarles no es reconocerles la soberanía

Una diplomacia dirigida a los habitantes exige también modificar el lenguaje. La Argentina puede explicar por qué considera que el principio de autodeterminación no resulta aplicable a este caso sin utilizar la categoría de “población implantada” como única descripción pública de seres humanos que nacieron, formaron familias y construyeron toda su vida en las islas. El concepto podrá integrar una argumentación jurídica e histórica; convertido en forma habitual de dirigirse a ellos, sólo produce rechazo. Ningún isleño escuchará el resto de nuestra posición después de haber sido tratado como un objeto trasladado por el imperio.

Reconocer su existencia, su identidad y sus derechos no equivale a aceptar que puedan decidir por sí solos una controversia entre Estados. La Argentina conversa con comunidades, empresas, organizaciones y habitantes de territorios disputados en numerosos ámbitos internacionales sin que cada intercambio constituya un reconocimiento soberano. Aquí podría hacer lo mismo: establecer una representación civil especializada, integrada por diplomáticos, juristas, científicos, docentes y profesionales bilingües, dedicada exclusivamente a responder consultas, diseñar programas y explicar qué garantías ofrece el país. Londres afirma que los habitantes poseen instituciones democráticas y representantes elegidos; Buenos Aires puede reconocer esa realidad administrativa y humana sin aceptar el título británico del territorio.

Muchos rechazarán cualquier acercamiento. Algunos utilizarán cada propuesta para ratificar su identidad británica. Otros ni siquiera responderán. Eso no invalida la estrategia. El objetivo no es montar una seducción superficial ni reemplazar la resolución 2065 por una campaña de simpatía. El objetivo es dejar de regalarle al Reino Unido la representación exclusiva de sus preocupaciones. Cuando la Argentina habla únicamente con Londres acerca de los habitantes, acepta tácitamente que Londres sea su traductor, su vocero y su protector. Hablarles directamente, sin renunciar a la bilateralidad jurídica de la disputa, significa disputar ese monopolio.

El problema que Londres no quiere tener

La posición británica funciona mientras toda la discusión pueda cerrarse con una frase: los isleños no quieren ser argentinos. Es políticamente sencilla, emocionalmente eficaz y comprensible incluso para alguien que jamás estudió la historia del Atlántico Sur. Una propuesta argentina detallada obligaría a formular preguntas menos cómodas. ¿Por qué el Reino Unido se niega a conversar incluso cuando la preservación del idioma, la propiedad, el autogobierno y la ciudadanía están garantizados? ¿Por qué un referéndum celebrado en 2013 debe clausurar eternamente una disputa reconocida por Naciones Unidas? ¿Por qué Londres se presenta como defensor de los habitantes, pero rechaza cualquier arquitectura internacional que proteja sus derechos dentro de una solución negociada?

Nada de esto garantiza que el Reino Unido acepte sentarse a discutir. Tampoco asegura que los habitantes modifiquen su posición. Sí modifica el terreno sobre el cual se produce el rechazo. Hoy, Londres puede decir que no negocia porque protege a una comunidad amenazada. Frente a un estatuto argentino serio, permanente e internacionalmente supervisado, tendría que explicar por qué confunde protección con administración perpetua y por qué ninguna garantía resulta suficiente para considerar siquiera una conversación. La controversia seguiría siendo bilateral, pero su dimensión humana dejaría de ser propiedad exclusiva del discurso británico.

El presidente de facto argentino, Leopoldo Fortunato Galtieri, saluda desde la Casa Rosada a los ciudadanos que se congregaron en la Plaza de Mayo para apoyar la recuperación de las islas Malvinas, el 2 de abril de 1982 (EFE)

La bandera de la Selección hizo lo que hacen los grandes símbolos: interrumpió la normalidad y obligó a mirar. El paso siguiente no debería ser repetirla hasta vaciarla, sino llenar de contenido aquello que representa. La frase capaz de incomodar verdaderamente a Londres no es solamente “Las Malvinas son argentinas”. Es otra, más compleja y mucho más difícil de pronunciar con credibilidad: bajo soberanía argentina, nadie perderá su hogar, su lengua, su identidad, sus derechos ni sus vínculos con el Reino Unido.

La posición más segura de Londres no está en una base militar. Está en la convicción de los isleños de que solamente Gran Bretaña puede protegerlos de la Argentina. Esa convicción no se derriba con consignas, amenazas ni desprecio. Se vuelve innecesaria con una propuesta mejor. El día que Buenos Aires consiga demostrarlo mediante leyes, instituciones y garantías internacionales, el Reino Unido perderá su respuesta más fácil y deberá volver a discutir la pregunta que lleva décadas evitando: no qué desean hoy los habitantes de un territorio administrado por Londres, sino por qué una potencia europea debería conservar indefinidamente la soberanía sobre unas islas disputadas frente a las costas argentinas