El Senado de Brasil aprobó el miércoles 2 de septiembre el proyecto de ley 2780 de 2024 y lo envió a sanción presidencial. La iniciativa, priorizada por Luiz Inácio Lula da Silva junto con las autoridades del Congreso, crea una política nacional para minerales críticos y estratégicos. Su objetivo central es que el país deje de vender solamente materia prima y avance hacia el procesamiento, la tecnología y la fabricación local.
Brasil posee 21 millones de toneladas de reservas de tierras raras, la segunda mayor dotación mundial, pero todavía cuenta con una sola mina comercial en operación. Ese contraste profundiza la competencia minera que Brasil abrió en la región: la ventaja ya no depende únicamente de extraer minerales, sino de separarlos, refinarlos y convertirlos en imanes para vehículos eléctricos, turbinas, electrónica y defensa.
El paquete moviliza hasta R$ 7.000 millones en herramientas públicas. De ese total, R$ 2.000 millones capitalizarán el Fondo Garantidor de la Actividad Mineral y R$ 5.000 millones respaldarán durante cinco años el procesamiento y la transformación dentro de Brasil. Durante seis años, las empresas deberán aportar 0,2% de sus ingresos operativos brutos al fondo y destinar otro 0,3% a investigación, desarrollo e innovación.
La política también crea un consejo nacional vinculado a la Presidencia, encargado de ordenar prioridades y habilitar proyectos para recibir apoyo. Habrá un registro unificado, debentures incentivadas, un certificado voluntario de mineral de bajo carbono y prioridad para áreas con potencial en subastas de la Agencia Nacional de Minería. El diseño busca conectar capital, exploración, refino y manufactura bajo una conducción estatal con mayor capacidad negociadora.

La nueva política no elimina por sí sola la ventaja acumulada por China en separación, refino y fabricación de imanes. Brasil necesita plantas, especialistas, patentes, energía competitiva y compradores de largo plazo para que los incentivos produzcan industria. También deberá responder a las objeciones socioambientales sobre las garantías para comunidades afectadas y los criterios aplicables al uso de recursos públicos y climáticos.
La próxima decisión corresponde a Lula, quien puede sancionar o vetar partes del proyecto antes de su reglamentación. Si el Ejecutivo concentra el apoyo en procesamiento, innovación y empleo local, Brasil podrá transformar su peso geológico en capacidad productiva y competir como proveedor alternativo a China. Si los recursos terminan subsidiando extracción sin transferencia tecnológica, el país conservará grandes reservas, pero seguirá exportando el tramo menos valioso de la cadena.