¿Una empresa puede obligar a un trabajador a comprar su renuncia por USD 32.500?

La discusión llegó a la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) a partir de la demanda promovida por un piloto que había ingresado a trabajar en FB Líneas Aéreas S.A., conocida comercialmente como Flybondi.

Para acceder al puesto, el trabajador suscribió un convenio de formación profesional y compromiso de permanencia por dos años. La garantía que exigió la empresa no fue precisamente simbólica: un pagaré por USD 32.500. En un fallo al que NewsDigitales tuvo acceso, la Justicia entendió que eso no puede darse así

El esquema era claro. La compañía afrontaba los costos de capacitación y habilitación necesarios para que el piloto pudiera desempeñarse y, a cambio, pretendía asegurarse su permanencia durante 24 meses. Si abandonaba antes el trabajo, debía responder por la suma documentada.

La capacitación era legítima; el pagaré, no

La Cámara no cuestionó que la empresa hubiera invertido dinero en formar al trabajador. Por el contrario, en el expediente se incorporaron testimonios sobre gastos vinculados con simuladores, instructores, traslados, alojamiento, viáticos y otros conceptos relacionados con la capacitación. El problema jurídico estuvo en el mecanismo elegido para proteger esa inversión.

Según entendió la Sala V, el pagaré estaba directamente relacionado con la obligación de permanencia y generaba una presión económica concreta frente a una eventual renuncia. La capacitación podía ser válida; lo que no resultaba admisible era convertir su costo en una herramienta para condicionar la libertad del trabajador.

¿La libertad de trabajo también incluye poder irse?

Para los jueces, la respuesta fue sí. La libertad de trabajo no se limita a la posibilidad de conseguir un empleo. También comprende la posibilidad de dejar de trabajar. Por eso, la renuncia no puede quedar condicionada a una consecuencia económica que, por su magnitud, termine funcionando como un obstáculo para ejercer ese derecho.

El punto fue especialmente relevante porque el pagaré había sido firmado al comienzo de la relación laboral. Para acceder al puesto, el trabajador debía aceptar también el compromiso de permanencia y la consecuencia económica asociada a su incumplimiento.

En otras palabras: para conseguir el empleo había que aceptar la posibilidad de quedar expuesto a una deuda de USD 32.500 si decidía irse antes de tiempo.

El juez puede aplicar el derecho que corresponde

La empresa también cuestionó que la invalidez del pagaré hubiera sido declarada sobre la base de fundamentos jurídicos que, según sostuvo, no habían sido planteados exactamente de esa manera en la demanda. La Cámara rechazó el planteo y recurrió a un principio clásico del derecho: jura novit curia.

La expresión significa que el juez conoce el derecho y puede aplicar al caso las normas y fundamentos jurídicos que considere correspondientes a los hechos acreditados, siempre que no modifique el objeto del litigio ni afecte el derecho de defensa.

Para la Sala V, los hechos centrales estaban planteados: existían un compromiso de permanencia, un pagaré por USD 32.500 y una consecuencia económica vinculada con la salida anticipada del trabajador.

Un límite para las cláusulas de permanencia

El fallo deja una advertencia que excede el caso de los pilotos: capacitar a un trabajador no convierte al empleador en dueño de su permanencia. Una empresa puede realizar una inversión importante en formación y puede buscar mecanismos legítimos para proteger sus intereses. Pero esos mecanismos deben respetar las normas laborales y, especialmente, las libertades que protegen al trabajador.

La Sala V confirmó la sentencia de primera instancia, rechazó los agravios de la demandada y le impuso las costas de la alzada. También confirmó la regulación de honorarios de grado y fijó los correspondientes a la segunda instancia en el 30% de lo regulado en origen. El caso deja una conclusión sencilla pero contundente: el costo de capacitar a un trabajador no puede transformarse en el precio de su libertad para renunciar.

La empresa había invertido dinero en formar al piloto. Pero, para la Cámara, esa inversión no podía quedar respaldada mediante un pagaré firmado por el trabajador. La capacitación podía tener un costo. Lo que la Justicia no admitió fue que ese costo se convirtiera en una barrera económica para dejar el trabajo.