Deudas de las familias: cómo buscan frenar descuentos de sueldo en Diputados

La diputada nacional María Inés Zigarán presentó esta semana en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea un "Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de las Personas Humanas". Con esa presentación ya son 52 las iniciativas sobre deudas de las familias que se acumulan en las dos cámaras del Congreso. 

El texto llegó el mismo día en que la Comisión de Finanzas abrió el debate por los proyectos que buscan aliviar las deudas de las familias, con 34 expedientes sobre la mesa, y a menos de una semana de la sesión especial que la oposición convocó para el miércoles 9 de septiembre. 

El expediente fue girado a tres comisiones: Finanzas, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y Justicia. Todavía no tiene dictamen ni fecha de tratamiento. 

Freno al descuento del sueldo y la jubilación

El punto más concreto del proyecto no está en las tasas ni en las cuotas: está en cómo cobran los acreedores.

Hoy buena parte del crédito a las familias se descuenta antes de que la persona toque la plata, por tres vías: los códigos de descuento sobre el recibo de haberes, los débitos automáticos y la compensación que hace el propio banco donde se cobra el sueldo.

El proyecto ordena al juez suspender esos tres mecanismos cuando se abre el trámite, por 120 días corridos, y prohíbe que la entidad pagadora se cobre sola de la cuenta.

La suspensión no alcanza tres tipos de descuentos, que siguen igual:

• La cuota alimentaria.
• Los descuentos de impuestos.
• Los aportes a la seguridad social.

Los fundamentos explican por qué el texto llega hasta ahí: sin esa cláusula, sostiene, la protección "quedaría escrita en la ley y ausente del recibo de haberes".

"Quienes están sobreendeudados deben tener una segunda oportunidad. Nadie debería tener que elegir entre pagar una deuda y garantizar la alimentación, la vivienda o la salud de su familia", dijo María Inés Zigarán. Y agregó: "La propuesta busca dejar atrás las refinanciaciones interminables y ofrecer una salida ordenada a quienes realmente no pueden cumplir".

Doce meses para refinanciar en 60 cuotas

El proyecto abre una ventana temporal para las deudas ya contraídas. Durante los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia, quien tenga más de 30 días de atraso puede pedir una reestructuración.

El pedido es gratuito, se hace una sola vez por deuda y obliga al acreedor a responder en 10 días hábiles con el estado de cuenta.

La oferta que reciba tiene condiciones fijadas por ley:

• Hasta 60 cuotas mensuales.
• La primera cuota, no antes de los 30 días.
• Se borran los intereses por mora y los gastos de cobranza desde el pedido.
• La tasa no puede superar el promedio del sistema financiero que informa el Banco Central.
• No se pueden agregar comisiones ni seguros nuevos.
• Se puede cancelar antes sin costo.

Qué es el "mínimo vital" del texto

El proyecto crea una figura que hoy no existe en la ley argentina: el mínimo vital. Es la plata que no se puede tocar para pagar deudas, porque cubre comida, vivienda, salud, educación, servicios y transporte de la persona y de quienes tiene a cargo.

Ese piso no lo fija un decreto: se ata al valor de la canasta básica total del INDEC según la región y la cantidad de integrantes del hogar. El texto aclara que la reglamentación "no puede reducir ese piso".

Recién con lo que sobra de ese mínimo se arma el plan de pagos.

En qué caso un juez puede dar por terminada la deuda

Si la persona entrega toda su capacidad de pago durante un plazo máximo de 36 meses —60 si está en juego la vivienda única—, el juez declara que el saldo que quedó impago ya no se le puede reclamar.

Existe una salida más corta. Si los informes del organismo recaudador, del Banco Central y de los registros de inmuebles y automotores muestran que no hay bienes ni ingresos disponibles, el juez puede liberar la deuda de entrada.

El beneficio tiene candados. Se cae si hubo bienes escondidos, pasivos inventados o documentos falsos, y no se puede pedir de nuevo hasta siete años después. Tampoco alcanza a la cuota alimentaria, a las multas penales ni a los impuestos.

Qué falta para que sea ley

Nada de esto rige. El proyecto entra a una discusión que ya está trabada por los tiempos.

El presidente de la Comisión de Finanzas, el libertario Santiago Pauli, fijó dos reuniones informativas para el martes 8 y el miércoles 16, un debate entre diputados el 23 y el 30 como "fecha máxima de dictamen".

La oposición lo rechazó en el acto. "Este cronograma es una maniobra para ganar tiempo", le respondió Cecilia Moreau, de Unión por la Patria. En la sesión del 9 no se vota ninguna ley: la oposición buscará emplazar a las comisiones, un mecanismo por el cual el recinto les fija por votación una fecha límite para dictaminar. 

Los proyectos están repartidos en nueve comisiones y necesitan el dictamen de todas; una de ellas, Defensa del Consumidor, todavía no fue convocada.

TM