por Redacción NewsDigitales
La Justicia federal profundizó la investigación sobre el patrimonio de dirigentes y empresas vinculadas a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y puso especial atención sobre María Soledad Calle, la mujer que en agosto de 2025 compró el departamento ubicado debajo del inmueble donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, en el edificio de San José 1111.
El juez federal Julián Ercolini dispuso una batería de medidas destinadas a reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros de Calle, del secretario general de la UOM, Abel Furlán, y de otros dirigentes y sociedades que aparecen mencionados en una denuncia por presunta defraudación y asociación ilícita.
Las medidas fueron ordenadas en el marco de la causa “Furlán, Abel y otros s/ Defraudación por Administración Fraudulenta y Asociación Ilícita”, iniciada a partir de una denuncia presentada por la lista opositora de la UOM, encabezada por Ángel Derosso.
Luego del requerimiento de instrucción realizado por el fiscal federal Ramiro González, Ercolini avanzó sobre la situación patrimonial de los principales investigados.
Entre otras medidas, el magistrado solicitó a ARCA información fiscal y patrimonial correspondiente al período comprendido entre 2022 y 2025 de Furlán, Calle, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato.
La Justicia busca conocer sus ingresos, actividades económicas, declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, además de los fondos percibidos desde la UOM, su obra social OSUOMRA, la empresa USEM y el denominado Grupo Vértice.
Ercolini ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble porteño que entregue el historial completo del departamento de San José 1111 que figura a nombre de la mujer. La medida incluye los antecedentes de adquisición, el vendedor, el escribano interviniente y toda la documentación registral disponible.

Según la información incorporada a la denuncia, Calle adquirió el inmueble en agosto de 2025 por unos US$ 189.000.
El departamento se encuentra en el mismo edificio donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, y está ubicado en el piso inmediatamente inferior al de la exmandataria.
La investigación apunta ahora a establecer el origen de los fondos utilizados para la operación y determinar si existe correspondencia entre el patrimonio de Calle y sus ingresos declarados.
La lupa judicial no quedó limitada al departamento. Ercolini pidió a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) información sobre vehículos vinculados con Calle, entre ellos un Peugeot 3008 y un BMW M135 xDrive.
Además, solicitó un relevamiento de todos los automóviles y motovehículos registrados desde 2022 a nombre de los principales investigados y de la UOM, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice.
El juez también ordenó investigar los inmuebles que Furlán, Calle, Braconi y Lobato hayan tenido desde 2022, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las distintas provincias.
Entre las propiedades que quedaron bajo análisis aparece un dúplex de unos 170 metros cuadrados en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casa de tres plantas ubicada en el centro de Campana, junto a un edificio en construcción de la UOM.

Según la denuncia, solamente esas dos propiedades representarían un patrimonio inmobiliario de al menos US$ 450.000. La Justicia deberá determinar quiénes son sus titulares, cuándo fueron adquiridas y si los valores guardan relación con los ingresos declarados.
Otro de los focos centrales está puesto sobre USEM, una empresa vinculada con la administración de fondos de la UOM y de su obra social.
Ercolini solicitó al Banco Central información sobre las cuentas y productos financieros utilizados desde 2022 por los principales investigados y por las entidades involucradas. El pedido incluye depósitos, préstamos, inversiones, titulares, cotitulares y apoderados.
También requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes de operaciones sospechosas, actuaciones o antecedentes relacionados con Furlán, Calle, Braconi, Lobato, USEM y Grupo Vértice.
La Inspección General de Justicia (IGJ) deberá, a su vez, aportar documentación societaria de Grupo Vértice Global S.A. y detallar la participación que los investigados tuvieron desde 2022 en sociedades, asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas.
La investigación también alcanzará a OSUOMRA, cuyos estados contables entre 2023 y 2025 fueron solicitados a la Superintendencia de Servicios de Salud. El juez pidió además información sobre el vínculo contractual entre la obra social y USEM, junto con auditorías, inspecciones y actuaciones relacionadas.
A esto se suman pedidos de información sobre movimientos migratorios, historias laborales, datos tributarios, inversiones en el mercado de capitales y eventuales embarcaciones o aeronaves.
Con esta batería de medidas, la Justicia busca reconstruir la evolución patrimonial de los investigados durante los últimos años y, especialmente, determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir bienes y realizar operaciones financieras.

El departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner quedó así en el centro de una investigación mucho más amplia, que apunta a determinar si existe correspondencia entre el patrimonio de los dirigentes y empresas bajo análisis y los ingresos que fueron declarados ante los organismos oficiales.
ND