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04/09/2026 - Edición Nº1305
Política
Boletín Oficial
Malvinas, petróleo, sanciones y RIGI: las claves del decreto de Milei
04/09/2026 | Cuando la persona o empresa sancionada posee concesiones hidrocarburíferas, estas pueden ser revertidas al Estado nacional o a las provincias.
El decreto de Javier Milei quedó oficializado este viernes.
El Gobierno de Javier Milei publicó este viernes el Decreto 868/2026, anunciado como durante la cadena nacional del jueves, y avanzó con una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sobre las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, particularmente en los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La norma modifica el esquema administrativo para detectar y sancionar actividades que el Estado argentino considere ilegales, establece plazos más breves para los procedimientos y coloca al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
Además, introduce cambios que alcanzan directamente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a los permisos y concesiones hidrocarburíferas.
El decreto anunciado por Milei en cadena nacional
La publicación del Decreto 868/2026 se produjo horas después de que Milei anticipara durante su mensaje por cadena nacional que el Gobierno avanzaría con una medida vinculada con la defensa de los recursos y la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes.
El decreto parte de una premisa central: la Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un "objetivo permanente e irrenunciable" del pueblo argentino.
En ese marco, el Gobierno sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollen sin autorización argentina en esos espacios comprometen intereses estratégicos del país.
La nueva norma busca, fundamentalmente, hacer más rápido y coordinado el mecanismo estatal para detectar, investigar y eventualmente sancionar esas actividades.
Cancillería será la autoridad de aplicación
Uno de los principales cambios consiste en designar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
Hasta ahora, las competencias relacionadas con esta legislación estaban distribuidas dentro de la estructura estatal. El Gobierno argumenta que concentrarlas en Cancillería permitirá vincular de manera más directa las medidas administrativas con la política exterior argentina y con la estrategia diplomática respecto de la disputa de soberanía.
La decisión adquiere especial relevancia porque el Ejecutivo considera que la actividad hidrocarburífera en las áreas vinculadas con Malvinas no constituye solamente una cuestión energética o económica, sino también una cuestión de soberanía y política internacional.
Los organismos tendrán cinco días para informar
El decreto establece además una obligación para los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional.
Cuando alguno de ellos tome conocimiento de hechos que puedan configurar una conducta prohibida por la Ley 26.659, deberá comunicarlo a la autoridad de aplicación dentro de los cinco días hábiles administrativos.
El objetivo es crear un mecanismo de detección temprana y evitar que la información quede fragmentada entre diferentes dependencias del Estado.
Una vez recibida la información, Cancillería deberá analizar si existen indicios suficientes para presumir la existencia de una actividad prohibida.
Si considera que los elementos son suficientes, podrá disponer la apertura de un sumario administrativo.
267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca…
— Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 4, 2026
Un procedimiento más rápido para investigar y sancionar
Otro de los puntos centrales del Decreto 868/2026 es la reducción de los plazos del procedimiento administrativo.
Una vez notificado, el presunto infractor tendrá 10 días hábiles administrativos para constituir domicilio especial, presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.
Después, la autoridad de aplicación deberá dictar una resolución fundada dentro de otros 10 días hábiles administrativos, contados desde la presentación del descargo, desde el vencimiento del plazo para presentarlo o desde la finalización de la etapa probatoria, cuando corresponda.
La resolución podrá disponer el archivo de las actuaciones o aplicar las sanciones previstas en la Ley 26.659.
En ese marco, la norma también establece que las decisiones sancionatorias serán publicadas en el Boletín Oficial y comunicadas a organismos como la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal, entre otros.
¿Qué prohíbe la Ley 26.659?
El decreto no crea desde cero las prohibiciones sobre las actividades hidrocarburíferas. Lo que hace es fortalecer el mecanismo para hacer cumplir una legislación que ya existe.
La Ley 26.659 establece restricciones para personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen determinadas actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin contar con la habilitación correspondiente.
También alcanza la participación directa o indirecta en empresas que desarrollen esas actividades sin autorización argentina.
La legislación contempla, además, restricciones para contratar, realizar operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de asesoramiento con personas o empresas que desarrollen esas actividades sin la autorización correspondiente.
Según los fundamentos del decreto, desde la sanción de la ley el Estado argentino ya declaró ilegales actividades desarrolladas por diez empresas, a las que calificó como clandestinas.
Las sanciones pueden ser severas
La Ley 26.659 establece que quienes incumplan las prohibiciones pueden ser inhabilitados por períodos de entre cinco y veinte años.
Además, cuando la persona o empresa sancionada posee concesiones hidrocarburíferas, estas pueden ser revertidas al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.
El Gobierno utiliza justamente este punto para justificar la necesidad de reforzar los controles.
La lógica planteada en el decreto es que el Estado no debería sancionar a una empresa por incumplir la legislación sobre hidrocarburos y, simultáneamente, otorgarle beneficios, estabilidad normativa o garantías dentro de otro régimen de promoción de inversiones.
El RIGI queda alcanzado por el nuevo control
Uno de los aspectos económicamente más relevantes del decreto es su impacto sobre el RIGI, creado por la Ley de Bases para atraer grandes inversiones mediante beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa.
Desde ahora, los Vehículos de Proyecto Único que pretendan ingresar al régimen deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que cumplen y cumplirán con la Ley 26.659.
La obligación no queda limitada a la empresa que solicita el beneficio. La declaración también deberá abarcar a las personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan participación directa o indirecta en el vehículo que busca adherir al RIGI.
Además, la autoridad encargada de aplicar el RIGI deberá requerir obligatoriamente la intervención de la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 antes de resolver la solicitud.
En otras palabras, el Gobierno incorpora un control específico sobre las actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las áreas alcanzadas por la disputa de soberanía.
También cambia el acceso a permisos y concesiones petroleras
El decreto introduce otra modificación relevante en materia energética. Quienes pretendan obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones previstas por la Ley de Hidrocarburos deberán presentar una declaración jurada relacionada con el cumplimiento de la Ley 26.659.
En el caso de sociedades, la declaración deberá incluir también a quienes tengan participación directa o indirecta.
La exigencia se suma a otros requisitos ya existentes, como demostrar solvencia económico-financiera, cumplir con determinados estándares patrimoniales y acreditar capacidad técnica.
De esta manera, el Gobierno busca impedir que una empresa que pueda quedar alcanzada por las prohibiciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina acceda posteriormente a nuevos permisos o concesiones.
