Reforma laboral
06/09/2026 - Edición Nº1307
Internacionales
Giro militar
De la Espriella lleva la ofensiva militar al centro de la seguridad en Colombia
05/09/2026 | La Operación Azarías dejó 23 muertos y seis capturados mientras el Ejecutivo desmonta las mesas de diálogo.
Abelardo De La Espriella.
El gobierno de Colombia convirtió esta semana la Operación Azarías en la demostración más visible de su nueva política de seguridad. El presidente Abelardo De la Espriella presentó el 2 de septiembre el balance final de la acción ejecutada el 30 de agosto en Miraflores, Guaviare: 23 integrantes de la estructura Carolina Ramírez murieron y seis fueron capturados, mientras el Ejecutivo ratificó que mantendrá la ofensiva contra los grupos armados ilegales.
La operación no aparece aislada, sino dentro de una secuencia iniciada desde la posesión del 7 de agosto. De la Espriella colocó la seguridad entre las prioridades de su mandato, renovó la cúpula de la Fuerza Pública y, como ya había registrado NewsDigitales, llevó su primer mensaje presidencial al ámbito militar. El cambio se consolidó cuando el Gobierno definió la seguridad como eje fundamental y comenzó a desmontar mecanismos heredados de la paz total.
Miraflores, en Guaviare, fue el escenario de la Operación Azarías del 30 de agosto.
Del diálogo a la presión operativa
El núcleo operativo combina bombardeos, inteligencia, ingreso de tropas y presión sobre las estructuras de mando. En Azarías murió alias Tigre o Pintado, señalado como jefe del frente Carolina Ramírez, y fueron incautados 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y material de guerra. Un menor quedó bajo protección estatal. El gobierno colombiano presentó el resultado como una señal de capacidad ofensiva y de recuperación de iniciativa frente a las disidencias de Iván Mordisco.
El cambio doctrinario no significa que Azarías haya reemplazado una negociación directa con Iván Mordisco, contra cuya estructura ya existían operaciones militares. La ruptura aparece al sumar esa intensidad operativa con la decisión del 30 de agosto de cerrar tres procesos heredados de la paz total: los diálogos con la facción de Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las imágenes del presidente entre bolsas mortuorias reforzaron, además, una comunicación deliberadamente orientada a exhibir fuerza.
De la Espriella presentó en Guaviare el armamento incautado y el balance de la Operación Azarías.
El límite judicial de los bombardeos
El principal límite de esa estrategia ya entró al terreno judicial. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá dictó el 3 de septiembre una medida provisional que obliga a abstenerse de realizar ataques aéreos sobre objetivos cuando exista información verificable de menores reclutados, mientras se resuelve la tutela. La Defensoría del Pueblo, además, reportó 1.173 casos de reclutamiento desde 2024 y recordó que tres menores murieron en otro bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare.
La presentación pública de los cuerpos después del operativo abrió una controversia sobre la comunicación de la nueva estrategia.
El próximo examen será territorial, jurídico y operativo. El Gobierno deberá demostrar que la presión militar reduce extorsiones, reclutamiento, narcotráfico y capacidad de mando, al mismo tiempo que adapta sus protocolos a la medida judicial y al derecho internacional humanitario. Si los cierres de mesas, los bombardeos y las capturas producen control estatal sostenido, la nueva línea habrá pasado del símbolo a la política pública; si solo multiplica golpes puntuales, su diferencia quedará concentrada en la velocidad, la intensidad y el tono.
