El 4 de septiembre, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, retiró del Inquérito de las Fake News el pedido de Alexandre de Moraes para investigar a André Mendonça y lo trasladó a un expediente separado bajo la Presidencia del tribunal. La decisión no valida las acusaciones: ordena revisar primero si el planteo es admisible y regular, en medio de una disputa interna que ya compromete la autoridad institucional del STF.
La pelea estalla exactamente un mes antes del primer turno presidencial del 4 de octubre, una fecha confirmada por el Tribunal Superior Electoral. El Supremo llega así a la campaña en una posición excepcional: debe resolver cuestionamientos que involucran a sus propios ministros mientras sigue siendo árbitro de causas con fuerte impacto político. News Digitales ya había seguido la crisis de Banco Master, pero el conflicto actual eleva el problema a otro nivel.
Moraes pidió investigar a Mendonça por posibles actos de improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad vinculados con la conducción de los expedientes de Banco Master y del fraude en el INSS. La ofensiva llegó después de que Mendonça levantara el secreto de un informe policial sobre contactos de Daniel Vorcaro con distintas autoridades. Banco Master permanece bajo liquidación extrajudicial, medida que el Banco Central atribuyó a una grave crisis de liquidez y a violaciones regulatorias.
El núcleo jurídico ya no es solamente qué muestran los documentos sobre Vorcaro, sino quién tenía competencia para producirlos, analizarlos y convertirlos en base de una investigación contra un ministro del Supremo. La Procuraduría General de la República cuestionó la validez de parte de las actuaciones y sostuvo que una pesquisa sobre un integrante del STF exige autorización de la propia Corte. Fachin pidió manifestaciones antes de decidir si el conflicto debe avanzar, archivarse o llegar al pleno.

Fachin intenta separar la acusación de Moraes del expediente que este mismo ministro relata, un movimiento destinado a reducir el problema de juez y parte. Aun así, el riesgo institucional sigue abierto porque las imputaciones cruzadas alcanzan a magistrados que deben juzgar la legalidad de actuaciones de sus colegas. Hasta ahora no existe una decisión de culpabilidad contra Moraes ni contra Mendonça, y el propio presidente del STF dejó establecido que sus medidas no anticipan criterio sobre el fondo.

El próximo paso será la respuesta de la PGR y de Mendonça dentro de los plazos fijados por Fachin, tras lo cual la Presidencia del Supremo deberá definir la vía procesal. Si el asunto llega al pleno, la Corte tendrá que establecer reglas para investigar a uno de sus miembros sin convertir una disputa entre despachos en represalia interna. A un mes de las urnas, el desafío central ya no es partidario: es demostrar que el STF puede controlarse con las mismas garantías que exige al resto del sistema.