El próximo jueves 10 de septiembre, a las 11, comenzará el juicio oral y público contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata —por entonces perteneciente al grupo —, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
A sus 85 años, Parodi deberá responder ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata por su presunta participación necesaria en el secuestro y desaparición de tres trabajadores aceiteros ocurrido el 7 de julio de 1976: Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández.
Los tres trabajadores fueron secuestrados en inmediaciones de la fábrica, cuando ingresaban o salían de sus turnos. Para la acusación, esos hechos formaron parte de un esquema represivo dirigido contra trabajadores y militantes sindicales de la planta.
La investigación que llegó a juicio sostiene que Parodi, desde su posición en el área de Personal, habría confeccionado listas con información sobre trabajadores sindicalizados que posteriormente fueron entregadas a integrantes de los grupos represivos. También se le atribuye haber facilitado el acceso de las fuerzas militares a las instalaciones de la empresa.
El expediente fue elevado a juicio por el juez federal Ernesto Kreplak, quien consideró que existían elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal del exgerente. Según la acusación, la colaboración atribuida a Parodi habría resultado relevante para la ejecución de los secuestros investigados.
El debate oral deberá determinar ahora si esas conductas efectivamente existieron y, en ese caso, cuál fue la responsabilidad penal que le corresponde al acusado.
El juicio se concentrará formalmente en los casos de Rivolta, Ojeda y Fernández. Sin embargo, la investigación sobre la represión en la planta de Molinos Río de la Plata comprende un universo mayor de víctimas.
De acuerdo con la causa, 26 personas entre trabajadores y familiares habrían sido afectadas por el accionar represivo vinculado con la fábrica. Entre los hechos investigados también aparece la apropiación de una bebé de seis meses.
El proceso judicial busca establecer, además, cómo funcionó la articulación entre determinados sectores empresariales y las estructuras represivas estatales durante los primeros meses de la dictadura.
El inicio del juicio es también el resultado de más de una década de reclamos impulsados por familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) intervienen como querellantes y aportaron documentación vinculada con el funcionamiento interno de la empresa, entre ella actas y registros laborales.
Desde el ámbito sindical remarcaron que los trabajadores desaparecidos continúan siendo considerados formalmente afiliados y cuestionaron también el comportamiento de la conducción gremial de aquella época.
Las organizaciones reclamaron, además, que se profundice la investigación sobre otros integrantes del personal jerárquico de la empresa y que 16 exjefes y miembros de la estructura directiva sean convocados a prestar declaración indagatoria.
El juicio contra Parodi se inscribe en una de las líneas de investigación que buscan determinar la eventual responsabilidad de sectores civiles y empresariales en la represión desplegada durante el terrorismo de Estado.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires señalaron que el proceso permitirá avanzar sobre el papel que tuvieron determinados sectores corporativos en el disciplinamiento de los trabajadores y en el contexto de transformación económica impuesto por la dictadura.
El debate comenzará este jueves y pondrá nuevamente frente a los tribunales una pregunta que atraviesa numerosas causas por delitos de lesa humanidad: hasta dónde llegó la responsabilidad de quienes, desde estructuras empresariales, pudieron haber colaborado con el aparato represivo estatal. La respuesta, en este caso, estará en manos del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata.