Cuando Néstor Kirchner se hartó de los piquetes: qué pasó el 5 de septiembre de 2005

El 5 de septiembre de 2005, hace exactamente 21 años, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, dejaba expuesto un cambio de postura cada vez más definido del gobierno de Néstor Kirchner frente a las organizaciones piqueteras y las protestas callejeras.

La Casa Rosada había decidido endurecer las condiciones para las movilizaciones y marcar un nuevo límite: ya no alcanzaba con marchar, cortar una calle u ocupar una plaza para conseguir una respuesta oficial.

El Gobierno comenzó a exigir que las organizaciones comunicaran formalmente, por escrito, el lugar y el horario de sus manifestaciones antes de pretender abrir un canal de diálogo. La medida se sumaba a los fuertes operativos policiales desplegados en las calles y a una decisión política que buscaba recuperar el control sobre espacios emblemáticos como la Plaza de Mayo.

El giro no ocurrió de un día para otro. Para entenderlo hay que remontarse a los primeros días de septiembre de 2005, cuando una serie de movilizaciones de piqueteros, trabajadores y estudiantes había puesto a la administración de Kirchner frente a uno de sus principales desafíos en materia de protesta social.

Del diálogo a una estrategia de mayor control

Durante los primeros años del kirchnerismo, la relación con las organizaciones piqueteras había estado atravesada por una combinación de diálogo, negociación y tolerancia frente a las movilizaciones callejeras.

Pero el escenario comenzó a modificarse con el crecimiento de las protestas y, especialmente, con los cortes de calles, puentes y accesos estratégicos.

En septiembre de 2005, pocas semanas antes de las elecciones legislativas de octubre, la conflictividad social había alcanzado un punto especialmente sensible. Movimientos de desocupados, sectores sindicales, trabajadores estatales, estudiantes y organizaciones de izquierda protagonizaban distintas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La respuesta oficial comenzó a ser más contundente. El Gobierno desplegó importantes contingentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y fuerzas de seguridad para impedir cortes y bloquear el acceso a determinados puntos de la ciudad.

La Plaza de Mayo se convirtió entonces en uno de los principales escenarios de la disputa.

El antecedente de septiembre de 2005

El 2 de septiembre de 2005, una movilización multisectorial intentó llegar a la Plaza de Mayo. Participaban organizaciones piqueteras, universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan, que atravesaban un conflicto laboral.

La marcha había comenzado en Constitución y tenía previsto pasar por el hospital, luego por el Congreso y finalmente llegar a la Plaza de Mayo.

El objetivo era realizar allí un acto y leer un documento con los reclamos de las organizaciones.

Pero la orden oficial fue impedir el ingreso. La Policía Federal instaló vallados y cordones en los accesos, con apoyo de camiones hidrantes y efectivos montados. La tensión aumentó cuando algunos manifestantes intentaron atravesar las barreras.

Hubo forcejeos y lanzamiento de piedras, mientras los organizadores intentaban negociar con los responsables del operativo un permiso para ingresar a la plaza. El permiso nunca llegó.

Finalmente, la mayor parte de la columna cambió su recorrido y se dirigió hacia el Obelisco. Luego avanzó por avenida Corrientes hasta Callao, donde se realizó el acto.

La imagen resultaba significativa: una movilización social que pretendía llegar al centro político del país encontraba un límite físico impuesto por las fuerzas de seguridad.

Los reclamos que estaban detrás de las marchas

La conflictividad no era únicamente una cuestión vinculada con el uso del espacio público. Detrás de las movilizaciones existía una agenda social y económica.

Las organizaciones reclamaban, entre otras cuestiones, un aumento de los planes sociales. En ese momento, buscaban elevar el monto de los subsidios por familia de los 150 pesos vigentes a 350 pesos.

También exigían el desprocesamiento de militantes involucrados en causas judiciales derivadas de protestas anteriores y cuestionaban el rumbo económico del Gobierno.

A eso se sumaban los reclamos salariales de trabajadores de distintos sectores, como los empleados del Hospital Garrahan, que exigían una recomposición de sus ingresos.

La protesta social, de esta manera, funcionaba como un escenario donde confluyeron demandas económicas, laborales, políticas y judiciales.

Aníbal Fernández, uno de los rostros del endurecimiento

En ese contexto, Aníbal Fernández comenzó a ocupar un papel cada vez más importante en la estrategia oficial.

Uno de los episodios que reflejó esa nueva relación ocurrió con el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.

El grupo había intentado diferenciarse de otras organizaciones más confrontativas. Había abandonado los piquetes sorpresivos y decidido no cortar el Puente Pueyrredón como una forma de abrir un canal de diálogo con el Gobierno.

Sin embargo, el gesto no alcanzó. Sus integrantes llegaron a Plaza de Mayo para reclamar un aumento de la ayuda social hasta los 350 pesos, pero no obtuvieron la audiencia que esperaban.

La explicación oficial fue que no existía un pedido formal de reunión. Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, resumió la posición de la Casa Rosada: “Es muy difícil tener reuniones con la amenaza de cortar puentes o calles y ocupar plazas”.

Y agregó una definición todavía más contundente: “No habrá mejora en los planes”.

Aníbal Fernández llevó todavía más lejos el planteo. En aquellos días, el debate también estaba atravesado por la visita del presidente estadounidense George W. Bush a la Argentina y por las protestas que generaba su presencia.

“Qué tiene que ver la visita del presidente norteamericano a la Argentina con complicarle la vida al resto de la sociedad a la que se toma como objetivo de extorsión, que es lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar”, sostuvo.

Un cambio también condicionado por las elecciones

El endurecimiento frente a los piquetes tampoco puede separarse del contexto político.

En septiembre de 2005 faltaban pocas semanas para las elecciones legislativas y en la Casa Rosada existía preocupación por el impacto electoral que podía tener la creciente conflictividad callejera, especialmente entre sectores de clase media porteña.

El candidato oficialista para Diputados en la Ciudad era Rafael Bielsa y, según el análisis de aquel momento, la imagen negativa de las organizaciones piqueteras podía convertirse en un problema electoral para el kirchnerismo.

La estrategia de mostrar control sobre las calles podía, en consecuencia, cumplir una doble función: responder a una preocupación de seguridad y orden público y, al mismo tiempo, transmitir una imagen de autoridad ante un electorado particularmente sensible a los cortes de tránsito.

Otro dato relevante fue el cambio en la interlocución política con los movimientos piqueteros.

Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia, había tenido un papel importante en el vínculo con esas organizaciones. Pero ese lugar comenzó a ser ocupado por Aníbal Fernández. No se trataba solamente de un cambio administrativo. El perfil de Fernández era mucho más confrontativo en sus declaraciones públicas y reflejaba mejor el nuevo clima político.