Redes sociales desde los 15: la ley que cambiaría el acceso en Argentina

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso busca establecer en Argentina una “mayoría digital” a los 15 años y modificar las condiciones bajo las cuales niñas, niños y adolescentes pueden acceder a las redes sociales.

La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Basualdo, establece que los menores de 15 años solamente podrán crear o mantener una cuenta o perfil en una red social si cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de quienes ejerzan la responsabilidad parental, la tutela o la guarda.

La propuesta no se limita a fijar una edad mínima. También establece una serie de obligaciones para las empresas proveedoras de redes sociales, entre ellas la verificación de edad, mayores niveles de privacidad para las cuentas de menores y la desactivación por defecto de determinadas herramientas que pueden favorecer un uso prolongado de las plataformas.

Qué deberán hacer las plataformas

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que establece obligaciones concretas para las empresas que operen redes sociales en Argentina.

La primera es implementar sistemas técnicamente confiables y proporcionales de verificación de edad.

El objetivo es evitar que el cumplimiento de la edad mínima dependa exclusivamente de una declaración del propio usuario.

Además, las plataformas deberán verificar mediante mecanismos confiables y trazables que los menores de 15 años cuenten con el consentimiento de quienes ejercen la responsabilidad parental, la tutela o la guarda.

La obligación alcanzaría a las empresas independientemente de dónde tengan radicada su sede o domicilio, siempre que operen u ofrezcan sus servicios en el territorio argentino.

Privacidad y seguridad por defecto

El proyecto también introduce cambios en la configuración de las cuentas de menores.

Las plataformas deberán establecer por defecto el máximo nivel de privacidad y seguridad para las cuentas de personas menores de edad.

A su vez, deberán desactivar inicialmente determinadas funcionalidades.

Entre ellas aparecen la geolocalización, el perfilado con fines publicitarios y los sistemas de recomendación orientados a prolongar el tiempo de uso. Estas herramientas solamente podrían activarse mediante una decisión expresa.

La iniciativa apunta así a modificar una característica habitual de las plataformas digitales: que determinadas funciones estén activadas desde el comienzo y que sea el usuario quien tenga que buscar la manera de deshabilitarlas.

El foco sobre los algoritmos y el tiempo de uso

Uno de los elementos distintivos del proyecto es que no concentra toda la regulación en la edad del usuario.

También apunta al diseño de las plataformas. Los fundamentos sostienen que numerosas redes sociales utilizan herramientas como la reproducción automática, las notificaciones permanentes y los sistemas de recomendación para aumentar el tiempo de permanencia de las personas dentro de los servicios.

Según el proyecto, ese modelo puede generar una situación especialmente problemática cuando se aplica sobre niñas, niños y adolescentes.

Por eso, además de establecer la mayoría digital, propone que los sistemas de recomendación destinados específicamente a prolongar el tiempo de uso permanezcan desactivados por defecto para los menores.

Control parental gratuito

Las empresas también deberán ofrecer gratuitamente herramientas de control parental y mecanismos que permitan conocer el tiempo de conexión.

La intención es que las familias puedan contar con información para acompañar el uso que los menores hacen de las plataformas sin que para ello tengan que contratar servicios adicionales.

En ese marco, la iniciativa plantea así una combinación entre responsabilidad familiar y obligaciones empresariales.

Las familias tendrían la posibilidad de autorizar el acceso de los menores de 15 años, mientras que las plataformas deberían garantizar determinadas condiciones de seguridad una vez que ese acceso fuera habilitado.

Canales de denuncia atendidos por personas

Otro punto incluido en el proyecto es la obligación de disponer de canales de atención y denuncia atendidos por personas.

Además, las plataformas deberían brindar información clara y comprensible tanto a los menores como a sus responsables sobre el funcionamiento de los mecanismos utilizados para verificar la edad.

El objetivo es evitar que los usuarios queden frente a sistemas completamente automatizados sin posibilidad de recibir asistencia ante problemas vinculados con sus cuentas.

Multas de hasta 100.000 salarios mínimos

El proyecto contempla un régimen de sanciones para las plataformas que incumplan las obligaciones.

Según la gravedad de la infracción y la existencia de reincidencia, podrán aplicarse apercibimientos, multas de entre 100 y 100.000 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, e incluso la suspensión total o parcial de la prestación del servicio en territorio argentino.

La autoridad de aplicación deberá graduar las sanciones de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Además, el dinero recaudado por las multas deberá destinarse a programas de educación y ciudadanía digital.

El argumento de la corresponsabilidad

Uno de los conceptos centrales de los fundamentos es el de corresponsabilidad. La propuesta plantea que la protección de los menores en el entorno digital debería involucrar a tres actores: las familias, el Estado y las empresas tecnológicas.

Actualmente, gran parte de la responsabilidad por el uso de las redes recae en los padres, madres o tutores.

El proyecto busca modificar esa lógica. “Se traslada a las empresas proveedoras la responsabilidad de garantizar entornos seguros”, sostiene la iniciativa, que propone que las plataformas tengan obligaciones específicas respecto de quienes todavía no alcanzaron los 15 años.

Al mismo tiempo, los fundamentos aclaran que el objetivo no sería eliminar el acceso de los menores a la tecnología, sino establecer condiciones diferentes según su edad y desarrollo.

Los antecedentes internacionales

La propuesta se inscribe en un debate que también se desarrolla en otros países. Entre los antecedentes mencionados en los fundamentos aparece Francia, presentada como referencia para la fijación de un límite de 15 años.

También se menciona Australia, que estableció un límite de 16 años para el acceso de menores a determinadas redes sociales, y el Reino Unido, que incorporó exigencias de protección de menores y mecanismos de verificación de edad en el marco de su legislación sobre seguridad en línea.

En América Latina, los fundamentos hacen referencia al denominado ECA Digital de Brasil, que incorpora mecanismos de vinculación parental para determinados usuarios menores de edad.