por Redacción NewsDigitales
La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata del exgobernador Sergio Urribarri, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena de ocho años de prisión por delitos de corrupción. El exmandatario será trasladado para comenzar a cumplir la pena de manera efectiva.

La resolución fue dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que también ordenó la detención de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación. Ambos fueron condenados a seis años y seis meses de prisión.

Urribarri se encontraba en su domicilio de Concordia y la Policía de Entre Ríos recibió la orden de detenerlo. En el caso de Báez, que cumplía prisión domiciliaria, también se dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
La decisión llegó después de que la Corte Suprema rechazara los recursos extraordinarios presentados por los condenados. El máximo tribunal consideró inadmisibles los planteos y dejó firme la sentencia dictada originalmente en abril de 2022.
La condena contra Urribarri fue dictada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, en el marco de un megajuicio que investigó distintas maniobras vinculadas con contrataciones y publicidad oficial durante sus gestiones como gobernador.

Entre los hechos analizados estuvieron contrataciones vinculadas con empresas relacionadas con su entorno y el uso de fondos públicos para acciones que, según determinó el tribunal, también tuvieron como objetivo impulsar su proyecto político nacional conocido como “Sueño Entrerriano”.
La defensa del exgobernador había intentado evitar el traslado a una unidad penitenciaria mediante un pedido de prisión domiciliaria, basado en cuestiones vinculadas con su estado de salud. El tribunal rechazó el planteo y ordenó que sea evaluado por el servicio sanitario penitenciario al momento de su ingreso.
Con la sentencia firme, Urribarri deberá cumplir ocho años de prisión, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión marca el cierre de una extensa batalla judicial iniciada con la condena de 2022.