Ibarguren quedó en la mira por el Enduro y una decisión que ahora investiga la Justicia

El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, fue denunciado penalmente por el abogado y exconcejal Lucas Ventoso a raíz de la autorización del Enduro del Invierno 2026 sobre la playa pública. La presentación apunta directamente a la decisión del jefe comunal de promulgar la ordenanza que permitió la realización del evento.

La denuncia tramita ante la U.F.I.J. y Delitos de Corrupción N° 4 de Dolores. Ventoso pidió investigar a Ibarguren por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.

El punto central de la acusación es que el 18 de agosto Ventoso presentó una denuncia administrativa ante el municipio en la que advertía sobre las intervenciones realizadas en la playa y las normas que prohíben alterar la altimetría, remover o trasladar arena.

Según el denunciante, pese a haber recibido esa presentación, Ibarguren no dispuso frenar los trabajos ni vetó la ordenanza 7342/26. Por el contrario, la promulgó y permitió que el evento avanzara sobre el espacio público.

Ventoso sostiene que las obras incluyeron excavaciones, movimientos de arena, taludes y rampas de aproximadamente tres metros de altura. También cuestiona que el circuito se haya instalado sobre un sector de playa cuya utilización fue autorizada sin el pago de tasas y cánones por ocupación del espacio público.

El vínculo que también quedó bajo la lupa

La denuncia alcanza además al concejal Alejo Yeza, a quien Ventoso acusa de haber votado la ordenanza pese a su supuesto vínculo societario con Rodrigo Ezequiel Allue, representante de la firma EDV Entertainment S.A., organizadora del evento.

La norma necesitaba dos tercios del Concejo Deliberante para ser aprobada y obtuvo exactamente diez votos afirmativos. Uno de ellos fue el de Yeza. Para Ventoso, su participación fue determinante y debió haberse excusado.

El exconcejal también pidió investigar si el movimiento de arena pudo constituir un daño agravado sobre bienes del dominio público y reclamó una inspección urgente del sector intervenido, además de la preservación de los expedientes, actas y documentación vinculada con la autorización.

Las acusaciones formuladas contra Ibarguren y Yeza son materia de investigación y no implican que los delitos hayan sido probados. Ninguno de los dos fue citado hasta el momento en el marco de la presentación.