Economía local
07/09/2026 - Edición Nº1308
Internacionales
Seguridad penitenciaria
Perú pone cinco penales bajo emergencia para cortar el mando criminal desde prisión
07/09/2026 | PNP y Fuerzas Armadas reforzarán controles por 60 días y deberán informar los resultados de la intervención.
Se refuerzan los controles en Perú.
El Gobierno de Perú publicó este 5 de septiembre un decreto que declara un estado de emergencia por 60 días en Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. El Decreto Supremo 128-2026-PCM dispone que la Policía mantenga el orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. El INPE conserva administración y custodia, mientras la intervención apunta a comunicaciones clandestinas, extorsión, sicariato, drogas, fugas y alteraciones del orden.
Los cinco penales fueron seleccionados por concentrar parte del riesgo criminal que el Gobierno busca contener. El foco enlaza con la agenda de seguridad del nuevo gobierno. El informe técnico citado por la norma registra una sobrepoblación de 156%, unos 45 internos por agente y cerca del 50% de los presos vinculados a organizaciones criminales en esos establecimientos. La cifra mide concentración de internos, no significa que la mitad de las extorsiones del país se origine allí.
Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes.
Un perímetro de 200 metros y control de comunicaciones
La emergencia no se extiende a ciudades o regiones completas, sino a cada penal y a un radio exterior de hasta 200 metros desde sus límites. Allí pueden restringirse la libertad de tránsito, reunión y la libertad y seguridad personales de quienes ingresen o circulen por el área. Policía y Fuerzas Armadas podrán controlar accesos, proteger el perímetro y, cuando corresponda, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. Para los internos, el Código de Ejecución Penal sigue rigiendo y se preservan vida, integridad, salud, defensa y debido proceso.
El núcleo operativo busca cerrar los canales que permiten coordinar delitos desde una celda. La norma habilita operativos permanentes para incautar tarjetas SIM, teléfonos, armas blancas y otros objetos prohibidos, además de acciones de inteligencia. Requisas del INPE en 2026 encontraron celulares en Miguel Castro Castro, Ancón I, Cochamarca y Challapalca. La reiteración de hallazgos pese a controles previos muestra que decomisar equipos sin impedir su reposición puede producir un efecto limitado.
Operativo de seguridad realizado en el penal de Challapalca en marzo de 2026.
La eficacia exige medir delitos vinculados
El decreto obliga a la Policía a entregar al Ministerio del Interior un informe dentro de los cinco días hábiles posteriores al final de la emergencia, pero no fija línea de base ni metas cuantitativas. Para medir si baja el delito externo, el balance debería separar actividad de resultados: menos dispositivos activos, menos señales clandestinas y, sobre todo, una caída verificable de extorsiones u otros hechos que las investigaciones vinculen con estos cinco establecimientos.
Trujillo Varones es uno de los cinco establecimientos alcanzados por la emergencia.
Los próximos 60 días permitirán evaluar si el control reforzado rompe la capacidad de mando de las organizaciones o solo multiplica las requisas. Perú ya mantiene una emergencia estructural del sistema penitenciario hasta diciembre de 2027 por hacinamiento, infraestructura y seguridad. Por eso, la prueba decisiva será comparar el antes y el después con datos trazables sobre comunicaciones, incidentes y delitos atribuidos a redes que operaban desde estas cárceles.
