por Redacción NewsDigitales
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por haber otorgado beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a un proyecto que cuenta con participación de una petrolera vinculada a actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
La denuncia apunta contra Harbour Energy, compañía británica que, según planteó Ferraro, posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades relacionadas con la producción y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.
El planteo del legislador se produce en medio de la nueva discusión política por la soberanía argentina sobre las islas y luego de que la administración libertaria anunciara procedimientos contra empresas y personas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Uno de los principales argumentos de Ferraro se relaciona con los antecedentes de Harbour Energy. El diputado sostuvo que la compañía es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.
De acuerdo con la denuncia, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 en el marco de la Ley 26.659, luego de realizar actividades de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin autorización, en una zona cercana a las Islas Malvinas.
La normativa establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, una legislación que volvió al centro de la escena ante el avance de distintos proyectos petroleros en las islas.
Ferraro cuestionó, en ese sentido, que una compañía con esos antecedentes tenga participación en un emprendimiento beneficiado por el régimen de incentivos promovido por la administración de Milei.
El proyecto de Southern Energy contempla el desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas en Río Negro y forma parte de las inversiones que recibieron el respaldo del RIGI.
El emprendimiento también incluye un importante despliegue logístico en el sur argentino. Según la información difundida, el esquema prevé la llegada mensual de buques encargados de trasladar aproximadamente 3.500 tubos, destinados a la instalación de cañerías.
La denuncia de Ferraro coloca bajo la lupa la composición societaria del proyecto y, particularmente, la participación de Harbour Energy.
El cuestionamiento opositor coincidió con una nueva ofensiva anunciada por el Gobierno contra compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
La Oficina del Presidente informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas, a las que se investiga por una presunta violación de las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659.

La administración nacional señaló que las actuaciones no estarán dirigidas únicamente contra las compañías que desarrollen directamente las actividades hidrocarburíferas, sino también contra sus accionistas y aquellas empresas que les hayan prestado servicios.
En ese contexto, el caso Harbour Energy abre un nuevo interrogante político: cómo compatibiliza el Gobierno su ofensiva contra las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Malvinas con los beneficios otorgados a proyectos en los que participan empresas con antecedentes relacionados con esas operaciones.
La denuncia de Ferraro suma así un nuevo capítulo a la disputa política por Malvinas, los recursos naturales y la política energética del Gobierno de Milei.
ND