por Redacción NewsDigitales
A casi nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la causa por la muerte de sus 44 tripulantes ingresa en una nueva instancia que podría modificar sustancialmente el resultado del juicio oral. La Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar una serie de recursos que apuntan en direcciones diferentes: desde endurecer la única condena hasta anular todo el debate y realizar uno nuevo.
El fallo había sido dictado el 8 de julio por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Por mayoría, los jueces condenaron al excapitán de navío Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial.
Villamide fue encontrado responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado de muerte. En cambio, el tribunal absolvió al contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y a los oficiales Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
Ahora, ese escenario quedó nuevamente abierto.

Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de 34 familiares de los submarinistas, recurrieron ante Casación para pedir que la pena impuesta a Villamide sea elevada y pase a ser de cumplimiento efectivo.
Pero el planteo va más allá del único condenado. También solicitaron revertir la absolución de López Mazzeo y cuestionaron las decisiones tomadas respecto de Alonso y Correa. En estos dos últimos casos, reclamaron que sus absoluciones sean declaradas nulas por falta de fundamentación y que se dicte una nueva resolución.
Para la querella, el juicio permitió demostrar que el submarino no se encontraba en condiciones adecuadas para cumplir su misión y que el desenlace podía haberse evitado.
Además, las representantes de los familiares consideran insuficiente una condena de tres años en suspenso frente a la muerte de los 44 tripulantes y cuestionaron la interpretación que hizo el tribunal sobre las responsabilidades de los distintos integrantes de la cadena de mando.
Durante el juicio se analizaron, entre otros elementos, las condiciones de mantenimiento de la nave, el vencimiento del carenado y los problemas de estanqueidad relacionados con la válvula E19.
Según la posición mayoritaria del tribunal, Villamide autorizó la patrulla pese a las deficiencias detectadas y no tomó medidas suficientes después de que, el 15 de noviembre de 2017, el submarino reportara un ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio.
El escenario que deberá analizar Casación es todavía más amplio. Una segunda querella, encabezada por Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, reclamó directamente la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos.
El pedido busca dejar sin efecto la sentencia y realizar un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Entre sus cuestionamientos aparecen la falta de determinadas pericias, la actuación de la jueza federal Marta Yáñez durante la etapa de instrucción, las restricciones que —según esa querella— existieron durante el debate y la competencia territorial del tribunal.
De prosperar ese planteo, no se trataría solamente de revisar las penas o absoluciones dictadas en julio, sino que podría quedar invalidado el juicio completo.

A los recursos de los familiares se suma el presentado por la propia defensa de Villamide, que pidió su absolución.
Sus abogados sostienen que, pese a los años de investigación, las declaraciones de testigos y los informes de especialistas, no pudo establecerse con certeza qué ocurrió dentro del submarino durante el período comprendido entre el último contacto y la implosión.
La defensa también cuestionó la relación causal establecida por la mayoría del tribunal entre las deficiencias y episodios registrados previamente y el desenlace que provocó la muerte de los 44 tripulantes.
De esta manera, Casación tendrá ante sí planteos prácticamente opuestos sobre una misma sentencia: endurecer la pena del único condenado y revisar las absoluciones, anular todo el juicio para comenzar otro o hacer lugar al reclamo de la defensa para dejar sin efecto la condena de Villamide.
El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 durante su navegación por el Atlántico Sur. Los restos del submarino fueron encontrados un año después, a más de 900 metros de profundidad.
Casi nueve años después de aquella última comunicación, la discusión judicial vuelve así a una instancia decisiva, esta vez con el resultado del primer juicio por la muerte de los 44 tripulantes nuevamente en juego.