por Redacción NewsDigitales
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió este lunes por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires. Es la norma que bajó la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y que había entrado en vigencia el sábado.
La jueza tomó la decisión al resolver un habeas corpus preventivo colectivo —una presentación judicial que busca evitar una detención ilegal antes de que ocurra— hecho a favor de los adolescentes que están privados de su libertad en territorio bonaerense.
Quien hizo esa presentación no fue un partido político ni un organismo de derechos humanos. Fue la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, una red de centros barriales de la Iglesia Católica.
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo la preside el sacerdote José María Di Paola, conocido en todo el país como el padre Pepe.
Nació el 12 de mayo de 1962 en Burzaco, en el sur del conurbano bonaerense. Es hijo de un médico y de un ama de casa, y el mayor de tres hermanos. Se ordenó sacerdote en 1987.
En 1996 lo destinaron a Ciudad Oculta, la villa 15 del barrio porteño de Mataderos. Al año siguiente llegó a la Villa 21-24 de Barracas, con el aval del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que después sería el papa Francisco.
Ahí se quedó catorce años, como párroco de la iglesia Virgen de los Milagros de Caacupé. Vivió dentro del barrio, no de visita. Él mismo explicó por qué: "Cuando sólo veníamos de visita teníamos una comprensión muy acotada de esta realidad".
Es uno de los referentes del grupo de curas villeros, los sacerdotes que viven y trabajan en los barrios populares, la misma corriente a la que perteneció Carlos Mugica.
En 2009, el padre Pepe firmó junto a otros dieciocho sacerdotes un documento público que denunciaba la circulación de droga en las villas porteñas.
Las amenazas llegaron enseguida. Primero contra él, después contra la gente que trabajaba con él. Bergoglio salió a respaldarlo públicamente y dijo que asumía ese documento como propio.
"Tuve que exiliarme en Santiago del Estero porque corría peligro la gente que trabajaba conmigo. Fue un momento difícil porque estaba muy ligado a la Villa 21. Me amenazaron en 2009 y me quedé hasta 2010, después me tuve que ir", contó el sacerdote años más tarde.
Se instaló en Campo Gallo, un pueblo del monte santiagueño. Estuvo dos años. Cuando volvió, en 2013, no regresó a Barracas: eligió la Villa La Cárcova, en José León Suárez, partido de San Martín, donde antes no había vivido ningún cura. Fundó ahí la parroquia Don Bosco y se quedó una década.
En 2008, todavía en la Villa 21-24, Di Paola fundó junto a otros sacerdotes el primer Hogar de Cristo, impulsado por Bergoglio.
Son centros barriales que reciben a personas con consumos problemáticos de drogas. La diferencia con otros tratamientos es que funcionan dentro del barrio y reciben a cualquiera que golpee la puerta, sin trámites previos.
Hoy la red supera los 200 centros repartidos en todo el país. Es la institución argentina con más dispositivos dedicados a atender el consumo de sustancias.
El lema con el que la Federación peregrina desde hace años resume su posición: "Ni un pibe menos por la droga".
Di Paola no se pronunció públicamente sobre el fallo de este lunes. Pero ya había fijado su postura sobre el debate de fondo.
En una charla en la Universidad de San Andrés, cuestionó que la discusión pública gire alrededor de la edad de los adolescentes y no de quienes manejan los negocios que los rodean.
"Hay dos negocios que están fuera de control: las armas y las drogas. Los curas villeros lo denunciamos hace mucho tiempo", sostuvo.
Ahí planteó que se discute "si se sube o no la edad de imputabilidad" en lugar de ir contra el tráfico de armas y de droga.
También viene advirtiendo que el consumo se expandió: "El consumo creció de manera exponencial y hoy está en todos lados", dijo en junio de este año.

Desde 2024, el padre Pepe desarrolla su tarea pastoral en Santiago del Estero, donde impulsó un nuevo Hogar de Cristo.
Además de presidir la Federación, es coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones.
En junio de 2025 firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, para trabajar en la reinserción social de personas que salen de la cárcel. El acto se hizo en Comodoro Py, con la presencia del entonces presidente del tribunal, Horacio Rosatti.
La suspensión rige por 60 días y solo dentro de la provincia de Buenos Aires. En el resto del país la Ley 27.801 sigue vigente.
La jueza aclaró que no se pronunció sobre si la ley es constitucional o no. Solo resolvió sobre el riesgo concreto de aplicarla ya, con los lugares de detención bonaerenses en el estado en que están.
El próximo paso es el 16 de septiembre a las 10, en la sala de juicios orales del tribunal de Lomas de Zamora. La jueza citó a funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que expliquen qué hicieron, qué tienen previsto hacer y en qué plazos.
TM