El PRO salió con los tapones de punta contra Kicillof por el Régimen Penal Juvenil

El PRO salió al cruce de la decisión judicial que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof. El bloque de diputados nacionales, encabezado por Cristian Ritondo, cuestionó la resolución y reclamó que la administración bonaerense avance con las obras y recursos necesarios para garantizar la puesta en marcha de la normativa.

A través de un comunicado, la bancada amarilla ratificó su posición a favor de establecer un límite de edad para la responsabilidad penal juvenil y defendió el criterio de que “a los 14 años un adolescente comprende que matar, robar a mano armada o integrar una organización criminal está mal”.

Los legisladores recordaron que sostuvieron esa postura durante el debate parlamentario y aseguraron que la iniciativa busca darle al Estado herramientas para actuar frente a delitos graves cometidos por menores y, al mismo tiempo, evitar que las organizaciones criminales utilicen a adolescentes para llevar adelante sus actividades.

El PRO apuntó contra la Justicia y Kicillof

Uno de los principales cuestionamientos del espacio opositor estuvo dirigido contra la decisión judicial de suspender la aplicación del régimen debido a las condiciones de infraestructura y los recursos disponibles en territorio bonaerense.

En ese sentido, el bloque de Ritondo sostuvo que “la respuesta de una jueza no puede ser suspender una ley votada por el Congreso” y reclamó que las autoridades provinciales se hagan cargo de generar las condiciones necesarias para implementar la normativa.

El PRO puso el foco especialmente en la gestión de Axel Kicillof y exigió la creación y adecuación de establecimientos destinados a los jóvenes que queden alcanzados por el nuevo régimen.

“La respuesta es que el gobierno de Axel Kicillof haga lo que le corresponde: preparar centros adecuados, equipos especializados y dispositivos de contención y reinserción”, señalaron los diputados.

Para la bancada opositora, las dificultades de infraestructura no deberían convertirse en un argumento para frenar una ley que ya fue aprobada por el Poder Legislativo.

“Sin recursos, la ley nacía obsoleta”

El bloque también recordó que durante el tratamiento parlamentario había advertido sobre la necesidad de garantizar partidas presupuestarias para que la normativa pudiera aplicarse efectivamente en las provincias.

“Desde el primer día advertimos que sin recursos, la ley nacía obsoleta. Por eso insistimos y logramos que esos recursos fueran contemplados”, afirmaron.

El planteo vuelve a instalar una discusión política sobre la responsabilidad de la Provincia en materia de seguridad y sobre la capacidad del Ejecutivo bonaerense para adaptar su estructura al nuevo régimen.

Desde el PRO insistieron en que la normativa no tiene como objetivo únicamente castigar a los menores que cometen delitos, sino también intervenir antes de que sean captados por organizaciones criminales.

“Esta ley no busca perseguir menores. Busca terminar con la impunidad, establecer consecuencias para quien delinque y darle al Estado herramientas para intervenir a tiempo”, remarcaron.

Ritondo endurece el discurso contra Kicillof

El pronunciamiento representa además un nuevo capítulo en la disputa entre el PRO y el Gobierno bonaerense por las políticas de seguridad. El espacio que conduce Cristian Ritondo volvió a poner a Kicillof en el centro de sus críticas y reclamó una respuesta concreta frente a las dificultades que impiden aplicar la normativa.

El cierre del comunicado sintetizó la posición del bloque con una frase que busca instalar presión sobre la administración provincial: “La ley está, los recursos están previstos, falta decisión”.

Con ese planteo, el PRO reclamó que la Provincia avance con la infraestructura y los dispositivos necesarios para poner en funcionamiento el Régimen Penal Juvenil y advirtió que las demoras en su implementación no pueden traducirse en una paralización de la política de seguridad aprobada por el Congreso.

ND