La difusión de una nueva edición de las pruebas PISA vuelve a poner bajo la lupa el desempeño de los estudiantes argentinos y reabre, inevitablemente, el recuerdo de uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de las evaluaciones educativas internacionales.
Hace diez años, en diciembre de 2016, la Argentina quedó excluida del ranking de las pruebas PISA después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considerara que la muestra utilizada para evaluar a los estudiantes argentinos no permitía realizar una comparación válida con las ediciones anteriores.
La decisión generó un fuerte impacto político. Las miradas apuntaron hacia el gobierno de Cristina Kirchner y, particularmente, hacia el entonces ministro de Educación, Alberto Sileoni, porque el operativo cuestionado había sido realizado en 2015, durante su gestión.
La controversia no terminó allí. Mientras el gobierno de Mauricio Macri calificó el episodio como una muestra de "incompetencia" y acusó a la administración anterior de haber utilizado una metodología que podía favorecer los resultados, Sileoni rechazó cualquier manipulación y sostuvo que el problema era exclusivamente técnico.
El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como PISA por sus siglas en inglés, es una evaluación coordinada por la OCDE que analiza cada tres años los conocimientos y habilidades de estudiantes de alrededor de 15 años.
El examen se concentra principalmente en tres áreas: matemática, comprensión lectora y ciencias.
A diferencia de una evaluación escolar tradicional, PISA busca comparar el desempeño de los estudiantes de distintos sistemas educativos bajo criterios comunes. Por eso, la construcción de la muestra resulta fundamental: no alcanza con evaluar a miles de alumnos, sino que esos estudiantes deben representar adecuadamente al universo que se pretende medir.
Ese fue precisamente el punto que desencadenó el conflicto argentino de 2016.
La evaluación había sido realizada en 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner y con Alberto Sileoni al frente del Ministerio de Educación.
Según explicó posteriormente la OCDE, se había producido una modificación en la composición de la muestra respecto de las ediciones anteriores. Un número significativo de escuelas que históricamente habían formado parte del universo de selección ya no aparecía en el listado presentado por la Argentina.
El organismo detectó, además, una "disminución significativa de la proporción de niños" incluidos y una reestructuración de las escuelas secundarias participantes.
El problema no era simplemente que hubiera menos estudiantes evaluados. La preocupación central era que la modificación de la muestra podía afectar la representatividad de los resultados.
En otras palabras: si el universo evaluado cambia sustancialmente, comparar esos resultados con los de años anteriores puede llevar a conclusiones equivocadas.
La OCDE terminó considerando que la muestra argentina era demasiado pequeña y diferente de la utilizada previamente como para garantizar una comparación válida.

El episodio tuvo un elemento que llamó especialmente la atención. En las pruebas de 2012, la Argentina había quedado en el puesto 59 entre 65 países participantes. Los resultados mostraban fuertes dificultades entre los estudiantes argentinos, especialmente en matemática, lectura y ciencias.
Por eso, cuando comenzaron a analizarse los resultados de 2015, la OCDE observó una mejora que resultaba particularmente llamativa.
El organismo puso entonces la lupa sobre la metodología utilizada para seleccionar las escuelas.
El director de Educación y Habilidades de la OCDE, Andreas Schleicher, había advertido en aquel momento que "un número significativo de escuelas no fue incluido en el listado".
Y planteó una cuestión central: no era posible determinar si la modificación había mejorado o empeorado artificialmente los resultados, pero sí que podía haber afectado la comparación. "Es imposible saber, sin embargo, en qué dirección son afectados", había señalado.
Finalmente, la organización decidió excluir a la Argentina del ranking internacional correspondiente a esa edición.

El exministro de Educación salió rápidamente a responder las acusaciones.
Sileoni rechazó que el gobierno kirchnerista hubiera manipulado las pruebas y cuestionó la interpretación política que comenzó a hacerse de la decisión de la OCDE. "No es que nos sacaron del ranking", sostuvo en una entrevista radial.
Según su explicación, el problema se originó porque algunas de las escuelas que habían formado parte de la muestra de 2012 ya no existían como tales debido a procesos de fusión o reestructuración. "Las muestras no han sido manipuladas. Hay menos escuelas", afirmó.
Sileoni también explicó que el número de estudiantes evaluados había sido inferior al previsto originalmente. Según su relato, se esperaban alrededor de 25.000 alumnos, mientras que finalmente se trabajó con unos 21.000. Para el exfuncionario, esa diferencia no implicaba una alteración deliberada.
"La muestra es más pequeña, pero no escandalosamente más pequeña", argumentó.
Su defensa también tuvo un componente político. Sileoni sostuvo que el episodio estaba siendo utilizado para cuestionar una gestión cuyos resultados, según su interpretación, habían mostrado una mejora: "La primera prueba que nos iba bien a nuestra gestión hay una descalificación a la nuestra".
La explicación de Sileoni no convenció al gobierno que había asumido en diciembre de 2015.
El entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, convirtió la exclusión de la Argentina en una fuerte crítica contra la administración kirchnerista. "Mala educación es hacer malos procedimientos", afirmó Bullrich.
El funcionario atribuyó la situación a la "incompetencia" de quienes habían estado al frente del sistema educativo durante el gobierno anterior y sostuvo que se había presentado una muestra que dejaba afuera establecimientos que habían participado de las mediciones previas.
La acusación política fue todavía más lejos: desde Cambiemos se planteó que el recorte de la muestra podía haber buscado mejorar artificialmente la posición argentina.
Esa interpretación, sin embargo, no fue establecida como conclusión por la OCDE. El organismo cuestionó la metodología y la comparabilidad estadística, pero evitó atribuir públicamente una motivación política a quienes habían confeccionado la muestra.