Investigan una posible red de trata y explotación de adultos mayores en Santa Fe: qué se sabe de la causa

La Justicia Federal de Santa Fe investiga si detrás de un geriátrico clandestino descubierto tras un incendio funcionaba una red dedicada a captar y explotar económicamente a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La causa busca determinar, además, si existieron responsabilidades de agentes estatales en una trama que habría incluido la retención de documentación, tarjetas bancarias y haberes de las personas alojadas.

La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada el 28 de agosto y tiene como antecedente inmediato lo ocurrido en un establecimiento de la calle Gollán al 11.000, en el barrio Nuevo Horizonte de la capital santafesina.

El lugar quedó bajo la lupa luego de un incendio que permitió conocer las condiciones en las que permanecían adultos mayores y personas con discapacidad. El establecimiento funcionaba sin habilitación y, tras la intervención de las autoridades, seis de los siete residentes fueron trasladados.

Uno de los testimonios que expuso la situación fue el de Héctor, uno de los hombres alojados allí, quien reconoció haber iniciado el fuego para conseguir ayuda. “Lo hice para llamar la atención porque no nos alimentaban hacía cuatro días”, explicó entonces.

Pero lo que inicialmente aparecía como un caso vinculado con el funcionamiento irregular del geriátrico comenzó a adquirir otra dimensión a partir de los relatos de los residentes y de la documentación incorporada posteriormente.

El manejo del dinero y la documentación

Lo que la Justicia Federal analiza ahora es efectivamente existía un mecanismo organizado para aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las personas alojadas.

Según la denuncia, adultos mayores, personas enfermas o con dificultades para desenvolverse por sus propios medios habrían quedado progresivamente bajo el control de terceros. La presentación menciona la entrega de documentos personales, tarjetas bancarias y claves, además del manejo de jubilaciones y pensiones.

Los testimonios recogidos después del incendio aportaron datos en esa dirección. Miguel Ángel, uno de los residentes, contó que pagaba 300.000 pesos mensuales y sostuvo que los responsables retiraban el dinero directamente con la tarjeta utilizada para cobrar su jubilación.

Luis César Arriola, de 80 años, relató por su parte que había permanecido durante dos años sin documentación y denunció que no podía salir ni comunicarse libremente con otras personas. También aseguró que desde su llegada le habían retenido dinero y pertenencias.

La investigación incorpora además señalamientos sobre falta de alimentación y atención médica, interrupción de tratamientos y medicamentos y presuntos episodios de violencia física y psicológica. El interrogante que intenta despejar el expediente es si esas situaciones fueron hechos individuales o parte de un sistema sostenido de sometimiento y explotación económica.

La pesquisa también intenta establecer si la eventual red excedía a los responsables directos del establecimiento. La denuncia incorporó elementos sobre una posible participación de funcionarios y dependencias públicas en el traslado de personas vulnerables hacia lugares que no estaban habilitados para funcionar como residencias.

Ese punto amplió el alcance institucional del caso. En paralelo a la investigación federal, la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe revisa la actuación de los funcionarios que habían intervenido ante denuncias y advertencias formuladas antes del incendio.

Los fiscales Manuel Cecchini y Roberto Olcese fueron apartados de la investigación provincial por decisión del fiscal regional Jorge Nessier y el expediente quedó a cargo de Marcelo Nessier. La revisión interna busca establecer, entre otras cuestiones, qué tratamiento recibieron las presentaciones realizadas previamente.