La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.
El espacio libertario cuestionó con dureza la resolución y comenzó a trabajar en una presentación que buscará determinar el mecanismo para impulsar el enjuiciamiento de la magistrada.
La decisión se produce en medio de una fuerte discusión política y judicial por la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, particularmente por el alcance que tendrá sobre los adolescentes de 14 y 15 años y por las condiciones con las que cuenta la Provincia para alojar a quienes eventualmente queden privados de su libertad.
El presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, encabeza junto con legisladores provinciales y equipos técnicos y políticos el análisis de la presentación contra Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

Desde LLA sostienen que la jueza tomó una decisión que, a su entender, interfiere con una ley sancionada por el Congreso de la Nación y termina demorando la puesta en vigencia de una reforma que, según argumentan, busca dar respuesta a una demanda vinculada con la seguridad.
Pareja fue particularmente crítico con la magistrada y sostuvo: "Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política".
El dirigente libertario agregó que Pascual "está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando".
A partir de esa interpretación, LLA PBA considera que corresponde promover el juicio político y analizar la eventual destitución de la magistrada.
"Por eso, claramente debemos pedir su enjuiciamiento", afirmó Pareja, quien además cuestionó que la jueza pudiera haber actuado bajo una mirada política. "Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez", sostuvo.
La resolución que generó la reacción libertaria surgió a partir de un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La jueza Marta Pascual hizo lugar a ese planteo y dispuso suspender por 60 días la aplicación de la nueva normativa penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
El eje de la decisión no estuvo, al menos en esta instancia, en resolver de manera definitiva todas las objeciones constitucionales planteadas contra la nueva legislación. El tribunal concentró su análisis en una cuestión urgente: determinar si la aplicación inmediata del régimen podía generar una afectación grave, actual o inminente de derechos fundamentales de los adolescentes privados de libertad.
Uno de los principales argumentos de la magistrada fue que la nueva normativa amplía el universo de adolescentes que pueden quedar alcanzados por el sistema penal.
Entre los cambios señalados aparece la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años, además de modificaciones relacionadas con determinados delitos y con las penas previstas por la legislación de fondo.
Según el razonamiento del juzgado, esos cambios podrían provocar un incremento en la cantidad de adolescentes que ingresan al sistema y, eventualmente, también extender el tiempo de permanencia de quienes resulten privados de su libertad.
El problema planteado por la Justicia es, entonces, si la Provincia cuenta actualmente con las condiciones materiales e institucionales necesarias para afrontar ese escenario.
Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune.
— Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2026
Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima.
Como parte de la resolución, Pascual convocó a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10.
El objetivo será que responsables de distintas áreas del Poder Ejecutivo bonaerense informen qué medidas fueron adoptadas para implementar el nuevo régimen, cuáles se encuentran previstas y cuáles son los plazos estimados para concretarlas.
La jueza también ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.
Además, quedaron pendientes de análisis otras objeciones planteadas contra la legislación, entre ellas aquellas relacionadas con su eventual compatibilidad con el bloque constitucional y convencional de protección de niños, niñas y adolescentes.
Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?
— Diego Santilli (@diegosantilli) September 8, 2026
Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie. https://t.co/e1fq7CbLMJ
El rechazo a la decisión judicial también llegó desde los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia.
El presidente del bloque de Senadores bonaerenses, Carlos Curestis, sostuvo que la resolución "deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente".
En la misma línea, afirmó que la Justicia bonaerense "lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes" y cuestionó que los habitantes de la provincia queden, según su interpretación, "rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien".
Desde la Cámara de Diputados bonaerense, el titular del bloque de LLA, Juan Osaba, calificó el fallo como "inadmisible".
"Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad", sostuvo.
La controversia sumó cuestionamientos también desde el ejecutivo nacional. Por ejemplo, Diego Santilli apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof por su silencio frente a la suspensión.
"Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil", escribió en sus redes sociales. Y agregó: "En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune".
También se pronunció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien cuestionó el criterio de la Justicia bonaerense y defendió la necesidad de implementar la reducción de la edad de punibilidad.
Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar. Los jueces están para que las…
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 8, 2026
"El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar", escribió Pullaro.
El mandatario santafesino sostuvo además que "los jueces están para que las leyes se cumplan" y planteó que los menores que cometen delitos graves no deberían quedar alcanzados por una situación de impunidad.
Pullaro utilizó además la experiencia de Santa Fe como argumento y aseguró que su provincia se prepara para aplicar la baja en la edad de punibilidad con tobilleras electrónicas, institutos de menores y módulos penitenciarios especializados para los casos más graves.