El Partido Republicano abrió un nuevo frente para las legislativas del 3 de noviembre en EE.UU.: colocar a los musulmanes y al islam en el centro de la disputa electoral. La estrategia aparece en Texas, Michigan y Alabama, donde dirigentes conservadores combinan acusaciones de extremismo, referencias a la sharia y ataques personales contra candidatos musulmanes.
El problema no es debatir seguridad nacional ni perseguir delitos concretos, responsabilidades que corresponden al Estado. El problema es transformar una religión practicada por cerca de 5,5 millones de estadounidenses en una sospecha política colectiva. Esa operación reemplaza pruebas por insinuaciones y convierte la identidad religiosa en un blanco electoral.
El vicepresidente JD Vance calificó de “muy malvado” al demócrata Abdul El-Sayed, candidato musulmán al Senado por Michigan, mientras el gobernador texano Greg Abbott volvió a cuestionar un desarrollo habitacional impulsado por musulmanes. En Alabama, el senador republicano Tommy Tuberville habló de un enemigo “dentro de las puertas” al referirse al islam radical.
Ninguna democracia debería confundir la investigación de una organización, una persona o un posible delito con la descalificación de millones de ciudadanos por su fe. El-Sayed condenó el ataque contra una sinagoga en las afueras de Detroit y luego se disculpó por declaraciones que, reconoció, podían haber sido malinterpretadas. Usar ese episodio para presentar a un candidato como una amenaza religiosa amplifica la división, no la seguridad.
El foco electoral coincide con un momento de mayor representación política musulmana. Nueva York eligió a Zohran Mamdani como su primer alcalde musulmán y El-Sayed podría convertirse en el primer senador musulmán del país. En vez de discutir sus propuestas, sus adversarios desplazan el debate hacia su pertenencia religiosa.

Abbott formalizó en noviembre de 2025 una designación estatal contra la Hermandad Musulmana y CAIR, que habilita medidas de cumplimiento reforzado e impide a esas entidades adquirir tierras en Texas. La decisión fue presentada por el gobierno estatal como una medida de seguridad. La proclama oficial deja claro que el Ejecutivo vincula esa política con la supuesta imposición de la sharia.
Sin embargo, el salto entre cuestionar a una entidad determinada y alimentar temor sobre una comunidad entera es peligroso. Una resolución introducida en la Legislatura texana llegó a declarar a CAIR “no bienvenida” en el Capitolio, aunque quedó sin aprobación. El texto legislativo expone la dureza de una narrativa que, trasladada a la campaña, corre el riesgo de normalizar la exclusión religiosa.

La seguridad pública exige evidencia, investigaciones transparentes y sanciones individuales cuando existan delitos. La política del miedo hace lo contrario: mezcla terrorismo, inmigración, religión y rivalidad electoral hasta volver indistinguibles a quienes cometen crímenes de quienes simplemente practican una fe. Esa simplificación es injusta y funcional a una campaña que evita discutir inflación, salud, salarios o el costo de vida.
La elección de medio término pondrá a prueba si EE.UU. acepta que el debate político se libre contra ciudadanos por su identidad religiosa. Criticar a los republicanos por esta estrategia no implica ignorar las amenazas reales: implica exigir que se las enfrente con hechos, leyes y responsabilidad, sin convertir a los musulmanes estadounidenses en el chivo expiatorio de la campaña.