La Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de ley que propone crear una Canasta de Discapacidad y encomendar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la elaboración y publicación mensual de un indicador específico para medir cuánto cuesta vivir con una discapacidad en la Argentina. Para llegar al recinto, todavía resta su aprobación en la comisión de Discapacidad.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, quien durante el debate explicó que el objetivo no es crear una nueva estructura burocrática, sino incorporar una herramienta estadística que permita conocer con mayor precisión los gastos que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias.
El proyecto plantea que la nueva canasta contemple prestaciones de salud, rehabilitación y terapias, transporte y movilidad, medicamentos, insumos, equipamiento tecnológico de apoyo, educación, inclusión social y laboral, servicios de asistencia y cuidado personal, entre otros gastos.
Durante la reunión de comisión, Castagneto reveló además que ya mantuvo un encuentro con el titular del INDEC para comenzar a discutir las características que podría tener la medición.
El proyecto establece que el INDEC deberá elaborar, calcular y publicar mensualmente una Canasta de Discapacidad destinada a medir el costo real de vida de las personas con discapacidad.
La propuesta establece una serie de componentes mínimos que deberían ser considerados.
Entre ellos aparecen las prestaciones de salud, rehabilitación y terapias contempladas en el nomenclador vigente; los gastos de transporte, acceso y movilidad; medicamentos, insumos y equipamiento tecnológico de apoyo; educación e inclusión social y laboral; y servicios de apoyo, asistencia y cuidado personal.
La lista, sin embargo, no sería cerrada. El proyecto establece expresamente que la enumeración podrá ampliarse de acuerdo con las necesidades de asistencia y apoyo que presenten las personas con discapacidad.
El objetivo final es que la Canasta de Discapacidad se convierta en un insumo estadístico oficial para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
Además, la iniciativa plantea que el indicador sea utilizado como referencia para la actualización automática de los aranceles correspondientes a las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral de las personas con discapacidad.
Durante la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Castagneto explicó que actualmente la legislación estadística no contempla una medición específica de este tipo.
"Actualmente la ley 17.622, de estadística y censos, no contempla la medición de la canasta que refleje una canasta de discapacidad", señaló.
Según el diputado, la intención es incorporar esta medición al conjunto de indicadores que produce el organismo estadístico nacional.
"Este proyecto de ley es para incluir la canasta de discapacidad, no por un tema burocrático, sino para tener una medición más de todas las canastas que hoy hace el INDEC", sostuvo.
Castagneto también planteó que la ausencia de información específica puede convertirse en un problema a la hora de diseñar políticas públicas.
"Los datos que no hay, no se ven. Y los que no se ven, no se pueden tomar decisiones políticas y estadísticas importantes para las personas con discapacidad", afirmó.
En ese sentido, destacó que las necesidades vinculadas con la discapacidad también cambian con el avance de la tecnología, la ciencia y los tratamientos.
"Sabemos que día a día el tema de discapacidad, la tecnología, la ciencia, va avanzando", explicó.
Avanza la #CanastaDeDiscapacidad!
— Carlos Castagneto (@CastagnetoC) September 8, 2026
Logramos dictamen en la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Una lucha que llevamos a cabo junto a las familias!
Gracias por el compromiso y a cada diputado que firmó. pic.twitter.com/Np1XupxsKy
El propio Castagneto puso el foco en esta dificultad al defender la iniciativa. "Todas las discapacidades no son iguales, todas las problemáticas no son iguales", sostuvo.
"No es lo mismo una persona no vidente, que una persona con TEA, que una persona electrodependiente", explicó.
La observación plantea uno de los principales interrogantes técnicos del proyecto: cómo elaborar un indicador general que pueda reflejar adecuadamente situaciones con estructuras de gastos muy diferentes.
La iniciativa no establece que necesariamente deba existir una única canasta idéntica para todas las personas, sino que encomienda al INDEC la construcción de una metodología que contemple las particularidades y necesidades específicas.
De hecho, el proyecto establece que la medición deberá incorporar parámetros mínimos y particularidades territoriales.
El debate tuvo además un elemento político particular: desde La Libertad Avanza hubo una valoración positiva de la iniciativa, aunque también se plantearon dudas sobre su implementación.
Carlos Almena, diputado de La Libertad Avanza y vicepresidente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, destacó la importancia de contar con información específica sobre los costos asociados a la discapacidad. Sin embargo, advirtió sobre la complejidad que podría implicar construir una canasta diferente para cada tipo de discapacidad.

Uno de los fundamentos centrales del proyecto es que los indicadores tradicionales del INDEC no reflejan de manera específica los gastos adicionales asociados a la discapacidad.
La Canasta Básica Alimentaria, la Canasta Básica Total y el Índice de Precios al Consumidor se construyen sobre estructuras de consumo generales. Según los fundamentos de la iniciativa, esas mediciones no incorporan de manera diferenciada los gastos permanentes que pueden afrontar las personas con discapacidad.
Entre ellos aparecen tratamientos y terapias, medicamentos, cuidadores, acompañantes terapéuticos, transporte adaptado, ayudas técnicas, dispositivos de asistencia, adecuaciones del hogar y otros bienes y servicios.
Por eso, el proyecto sostiene que utilizar únicamente indicadores generales puede generar una subestimación del costo de vida de este sector de la población.
La consecuencia, según los autores, es que también puede resultar más difícil medir la brecha existente entre los ingresos de una familia y los recursos que necesita para afrontar los gastos vinculados con la discapacidad.
Los fundamentos recuerdan que la Argentina tuvo diferentes relevamientos sobre discapacidad, aunque no cuenta actualmente con una medición mensual específica equivalente a una canasta de consumo.
Entre los antecedentes mencionados aparece la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, realizada entre 2002 y 2003, y la incorporación de una pregunta específica sobre discapacidad en el Censo Nacional de 2010.
También se destaca el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad realizado en 2018.
Para los autores del proyecto, esos antecedentes muestran que existieron esfuerzos para conocer la situación del colectivo, pero que todavía existe una ausencia de información estadística continua sobre sus necesidades económicas y el costo específico asociado a la discapacidad.