por Redacción NewsDigitales
El Gobierno logró ordenar la agenda del Senado antes de que el Presupuesto 2027 concentre toda la atención del Congreso. La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acordó con la UCR, el PRO y los bloques provinciales el temario de la próxima sesión y dejó encaminados dos proyectos económicos.

El entendimiento contempla una sesión el jueves para tratar la reforma del régimen de biocombustibles y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Además, este miércoles se buscará firmar los dictámenes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.
La negociación reunió a Eduardo Vischi por la UCR, Martín Goerling Lara por el PRO, Beatriz Ávila por Independencia, Flavia Royón por Primero Los Salteños, Sonia Rojas Decut por el Movimiento por Misiones, Edith Terenzi por Despierta Chubut y Carlos Espínola por Provincias Unidas.
El oficialismo pretende que los proyectos económicos lleguen al recinto el 17 de septiembre, antes de que el Presupuesto 2027 monopolice la actividad parlamentaria. La iniciativa presupuestaria ingresará el martes próximo por Diputados.

La reforma del Banco Central busca establecer la preservación del valor de la moneda como uno de los objetivos centrales del organismo y reforzar las restricciones al financiamiento del Estado. Inocencia Fiscal II, en tanto, apunta a facilitar el regreso al circuito formal de dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema.
El acuerdo, sin embargo, tiene un punto donde todavía aparecen diferencias. Se trata de la reforma del régimen de biocombustibles, que genera resistencia entre senadores de distintas provincias.
El dictamen de mayoría propone elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%. También establece límites a los cupos que puede acumular cada empresa y extiende hasta 2036 el período de reconversión para las pymes del sector.
Senadores de La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y Córdoba cuestionan que el proyecto reduzca progresivamente la participación de las pequeñas y medianas empresas del biodiésel hasta hacerla desaparecer en 2036.
Las compañías buscan conservar el 7,5% del mercado que tienen actualmente. Aunque el Gobierno mantiene su rechazo a modificar el texto, en el Senado no descartan introducir algún cambio si resulta necesario para garantizar los votos.
El segundo proyecto de la sesión contempla el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional al fuero de la Ciudad de Buenos Aires. La transferencia alcanzaría causas por delitos contra la integridad sexual, calumnias e injurias y hechos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, salvo aquellos de competencia federal.
El acuerdo se basa en los convenios firmados el 3 de julio por Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, ministros de Justicia de Nación y Ciudad. Más allá de la discusión jurídica, la iniciativa representa también un gesto político del Gobierno hacia Jorge Macri.
El temario se completará con los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania, propuestos para integrar la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Con el acuerdo cerrado, el oficialismo busca llegar al debate presupuestario con la mayor cantidad posible de iniciativas económicas resueltas.