Cruce por la seguridad en la Provincia
09/09/2026 - Edición Nº1310
Política
Polémica en PBA
Archivo 2020 de la jueza Pascual: COVID, jóvenes "liberados" y un celular de control
09/09/2026 | Se trata de la magistrada que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. Qué decía en medio de la pandemia.
La jueza Marta Pascual en el Zoom del 2020 donde dio definiciones que hoy adquieren otra dimensión.
Marta Pascual pasó en pocos días de ser una magistrada con una extensa trayectoria en el fuero penal juvenil a convertirse en una de las protagonistas de la discusión política sobre seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Pascual dispuso la suspensión durante 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.
La resolución se produjo a partir de un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y puso el foco en una pregunta concreta: si la Provincia cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para aplicar el nuevo sistema.
La medida provocó una reacción inmediata de La Libertad Avanza. Sebastián Pareja anunció que el espacio trabaja en un pedido de juicio político contra la magistrada y cuestionó con dureza su decisión.
"Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política", afirmó el dirigente libertario.
Pascual, sin embargo, sostiene que su planteo no consiste en rechazar la reducción de la edad de imputabilidad. En las últimas horas explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones en las que se aplicaría el nuevo régimen y con el riesgo de que una ampliación del universo de adolescentes privados de la libertad termine generando un problema todavía mayor. Para entender esa postura también resulta relevante mirar hacia atrás.
Sebastián Pareja y Diego Santilli
El antecedente de 2020 que vuelve a poner a Pascual bajo la lupa
Durante un seminario internacional realizado en plena pandemia de COVID-19, Pascual expuso sobre las respuestas que había implementado la Justicia Penal Juvenil bonaerense frente a la emergencia sanitaria.
El escenario era excepcional. Los centros de recepción tenían jóvenes privados de su libertad y, al mismo tiempo, las restricciones sanitarias habían prácticamente paralizado el contacto con familiares, suspendido actividades y limitado la intervención de los equipos que habitualmente trabajan con los adolescentes.
Pascual describió aquella situación como un "doble encierro". Por un lado estaba la privación de libertad derivada de una causa penal. Por otro, las restricciones extraordinarias de la pandemia, que impedían las visitas y reducían todavía más los vínculos de los jóvenes con el exterior.
En aquella exposición, la jueza sostuvo que los adolescentes terminaban siendo "revictimizados" y remarcó que la emergencia sanitaria había puesto en evidencia problemas que ya existían antes de la llegada del coronavirus.
La pandemia, además, introdujo un dilema concreto: cómo reducir la cantidad de jóvenes alojados en instituciones cerradas sin perder completamente la capacidad de control judicial. La respuesta de Pascual fue revisar los casos individualmente.
El celular como herramienta de control
Uno de los aspectos más llamativos de aquella experiencia fue el mecanismo utilizado para supervisar a algunos jóvenes que pasaron a cumplir medidas de carácter domiciliario.
La jueza explicó que no contaban con suficientes dispositivos tecnológicos específicos para realizar monitoreos electrónicos. "Decidimos usar lo que llamamos detención domiciliaria", relató.
El sistema se apoyaba en una herramienta cotidiana: un teléfono celular. "Les pedimos que tuvieran un celular para comunicarnos porque en este momento no podíamos utilizar ni a la policía ni al equipo interdisciplinario para controlarlos", explicó Pascual durante aquella intervención.
La lógica era sencilla, aunque requería una fuerte participación del entorno del adolescente.
El joven debía permanecer en su domicilio y tener un medio de comunicación disponible para el juzgado. A su vez, un adulto responsable asumía el compromiso de acompañarlo y colaborar con el cumplimiento de la medida. Ese adulto podía ser un familiar o un vecino
La jueza explicó que antes de implementar el mecanismo se hablaba con esos responsables para dejar en claro qué implicaba asumir ese compromiso. Deslizó que había una advertencia de multa económica.
El objetivo era reemplazar, en la medida de lo posible, el control permanente de una fuerza de seguridad por una red de responsabilidad familiar y comunitaria.
"Los jóvenes respondieron muy bien"
Según el relato realizado por Pascual, el resultado de aquella experiencia fue mejor de lo que inicialmente podía suponerse.
"La verdad es que los jóvenes respondieron muy bien", sostuvo. La magistrada señaló que fueron revisadas aproximadamente 20 medidas y que se registraron solamente tres incumplimientos menores.
El dato fue utilizado durante aquella exposición como ejemplo de que las medidas alternativas a la privación de libertad podían funcionar si existía un sistema de seguimiento y si se involucraba a los adultos responsables.
La jueza Marta Pascual
La discusión sobre los beneficios y la presión social
La experiencia de 2020 también mostró otro de los problemas que Pascual identificó como centrales: la enorme presión social que puede generarse cuando un juez dispone una medida alternativa al encierro. Un tema que ahora vuelve, pero contra ella.
En aquella intervención recordó que, durante la pandemia, hubo fuertes cuestionamientos públicos contra las decisiones judiciales que permitían que personas privadas de la libertad accedieran a beneficios o cumplieran medidas fuera de las instituciones. "Acá la sociedad argentina estuvo muy enojada", explicó.
La magistrada habló incluso de personas que salían a los balcones y golpeaban cacerolas para reclamar que los jueces no concedieran beneficios: "La gente salió a sus balcones, a sus casas con las cacerolas o con otros utensilios, con un ruido ensordecedor pidiéndonos a los jueces que no demos ningún beneficio".
Según Pascual, esa presión también podía trasladarse al ámbito institucional. Recordó que, frente a decisiones adoptadas durante la emergencia, hubo pedidos de juicio político o sanciones contra magistrados.
La referencia adquiere una particular resonancia en el escenario actual: seis años después, la propia Pascual vuelve a quedar en el centro de una disputa política y enfrenta un pedido de juicio político anunciado por La Libertad Avanza bonaerense.
