Malvinas: la lista de empresas y empresarios que Milei puso bajo la lupa

El gobierno de Javier Milei amplió los procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en las Islas Malvinas. La nueva lista incorpora 15 sujetos y eleva a 60 el universo de personas humanas y jurídicas investigadas por presuntas violaciones a la Ley 26.659.

La nómina incluye empresas que prestan servicios a las petroleras, accionistas, directivos y otros proveedores estratégicos. La estrategia oficial busca alcanzar no solamente a quienes operan directamente los proyectos, sino también a quienes participan de manera indirecta en las actividades cuestionadas.

Entre las compañías aparece Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion. También fueron incluidos accionistas de Rockhopper Exploration PLC, entre ellos Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido.

La lista incorpora además a SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco, y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel, también vinculadas como accionistas de Rockhopper.

En el caso de Borders & Southern, el procedimiento alcanza a David Williamson Dobson, identificado también como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.

El Gobierno también apunta a proveedores estratégicos

Los procedimientos incluyen además a integrantes vinculados con Eco, entre ellos Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin, todos identificados como accionistas y directivos de la empresa.

La nómina se completa con compañías relacionadas con infraestructura y servicios para las operaciones. Entre ellas aparecen Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido, y Noble Corporation UK Ltd., también británica.

Los nuevos expedientes se suman a otros 45 procedimientos iniciados previamente por el Gobierno. De esta manera, son 60 los sujetos alcanzados por investigaciones administrativas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 8, 2026

La Oficina del Presidente ya había anticipado que continuará identificando a los actores que participen de la explotación de recursos en la zona y que avanzará con los respectivos sumarios administrativos. “La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo el Ejecutivo.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó además que las sanciones previstas por la Ley 26.659 pueden alcanzar a operadoras, accionistas, directivos y proveedores. La advertencia busca ampliar el costo económico y comercial para quienes intervengan en los proyectos cuestionados.

Nuevas medidas para defender la causa Malvinas 👇 https://t.co/DZsCBsU2Xw

— Adrian Ravier (@AdrianRavier) September 8, 2026

Una advertencia que también alcanza a Vaca Muerta

Según explicó Ravier, las empresas y proveedores asociados a la exploración o explotación hidrocarburífera en Malvinas no podrán realizar acuerdos con el Estado argentino. Tampoco podrán acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), recibir beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos estratégicos.

La medida adquiere especial relevancia por la posibilidad de que las compañías alcanzadas tengan intereses o vínculos con el mercado argentino. En ese sentido, el Gobierno busca utilizar el peso de Vaca Muerta como una herramienta de presión para desalentar nuevas operaciones hidrocarburíferas en las islas.

La estrategia combina sanciones administrativas, restricciones económicas y presión sobre toda la cadena de empresas involucradas. El objetivo oficial es que el costo de participar en proyectos considerados ilegítimos por Argentina alcance no solamente a las petroleras, sino también a quienes las financian, proveen servicios o mantienen participación accionaria.