Malvinas: la Justicia argentina reconoció su jurisdicción sobre las petroleras de Sea Lion

La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la demanda contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto Sea Lion, previsto en aguas del Atlántico Sur, y reconoció la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las compañías extranjeras.

La decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo suyo el criterio del Ministerio Público Fiscal y determinó que existe competencia federal tanto por la materia involucrada como por el territorio.

La demanda fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

El planteo busca impedir que las compañías inicien o continúen obras, instalaciones, perforaciones y otras intervenciones vinculadas con Sea Lion hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la legislación argentina.

Soberanía y ambiente, los argumentos del fallo

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el expediente no fue considerado únicamente como una controversia ambiental relacionada con la explotación de hidrocarburos.

Borruto entendió que también están involucrados intereses federales relacionados con el territorio y la soberanía argentina.

En ese sentido, la magistrada sostuvo que en la causa subyace “la defensa de la soberanía nacional” y consideró que se trata de un bien colectivo indivisible que reviste un interés federal.

El fallo también puso el foco sobre el eventual impacto ambiental. Según la resolución, las aguas involucradas forman parte de las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur y los recursos potencialmente afectados tienen carácter interjurisdiccional.

Además, la jueza analizó la infraestructura prevista para el proyecto, que incluye pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y otras instalaciones.

La resolución sostiene que parte de esa infraestructura se emplazaría sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a jurisdicción marítima argentina, otro de los argumentos utilizados para fundamentar la competencia federal.

Qué busca la demanda contra Sea Lion

La presentación judicial pretende que Rockhopper y Navitas se abstengan de avanzar con el proyecto hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente.

La jueza también consideró que el planteo tiene naturaleza colectiva porque involucra la protección de un bien que no puede dividirse entre diferentes afectados.

Sin embargo, todavía no resolvió la admisibilidad formal de esa acción colectiva. Antes ordenó consultar al Registro Público de Procesos Colectivos para establecer si existe otro expediente con características sustancialmente similares.

También intimó a los demandantes para que informen si promovieron otras acciones relacionadas con el mismo objeto.

La Justicia todavía no resolvió si frena el proyecto

La declaración de competencia representa un avance procesal para la demanda, pero no implica que la Justicia haya ordenado suspender Sea Lion. Las medidas cautelares solicitadas por los demandantes todavía están pendientes de resolución.

Borruto decidió postergar su análisis hasta que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos determinar la eventual existencia de otras acciones similares y completar documentación incorporada al expediente.

La magistrada también dispuso darle intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado.

La causa continuará así ante el Juzgado Federal de Río Grande, que deberá resolver primero la admisibilidad de la acción colectiva y luego avanzar sobre uno de los puntos centrales del expediente: el pedido para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.