por Redacción NewsDigitales
La suspensión preventiva por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió una nueva disputa política que rápidamente se trasladó a las redes sociales. Esta vez, el protagonista fue Nicolás Márquez, quien apuntó directamente contra el sacerdote José María Di Paola, conocido como el Padre Pepe, impulsor de la presentación judicial que derivó en la medida cautelar.
A través de su cuenta en X, Márquez utilizó términos particularmente duros para referirse al sacerdote y cuestionó la decisión de recurrir a la Justicia para frenar temporalmente la aplicación de la nueva normativa. El mensaje se inscribe en la fuerte discusión que atraviesa a la Argentina alrededor de la edad de imputabilidad, la seguridad y el tratamiento penal de los adolescentes.
Éste melenudo roñoso y comunista (digno agente de Bergoglio que parodia de "Sacerdote Católico"), fue quien interpuso la medida en favor de los delincuentes y enemigos del bien común. A CONTINUACIÓN LES PRESENTO AL SORETE DEL "PADRE PEPE". pic.twitter.com/W8diZnSyxo
— Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) September 9, 2026
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por Di Paola, presentó un hábeas corpus preventivo colectivo contra la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. La presentación judicial cuestionó particularmente la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema previsto por la Ley 27.801.
A partir de esa acción, la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dispuso la suspensión preventiva durante 60 días de la aplicación de la normativa en la provincia de Buenos Aires y convocó a funcionarios bonaerenses a una audiencia para conocer qué medidas fueron adoptadas para implementar el nuevo régimen.
Frente a esa decisión, Márquez publicó un mensaje en el que calificó al sacerdote con expresiones ofensivas y sostuvo que había sido quien impulsó la medida judicial “en favor de los delincuentes y enemigos del bien común”.
El escritor también cuestionó la identificación política y religiosa del sacerdote y cerró su publicación presentándolo de manera despectiva como el “Padre Pepe”. Las expresiones forman parte de la confrontación política que se instaló alrededor del fallo y no constituyen, por sí mismas, una descripción judicial de la actuación de Di Paola.
El planteo de Márquez se ubica así en la vereda opuesta a la posición de la organización encabezada por el sacerdote, que reivindicó la presentación judicial como una herramienta destinada a garantizar condiciones adecuadas para los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
La controversia, sin embargo, va mucho más allá del enfrentamiento entre dos figuras públicas. La decisión judicial puso en tensión dos posiciones que atraviesan el debate sobre la seguridad: por un lado, quienes consideran necesario aplicar cuanto antes un régimen que permita responsabilizar penalmente a adolescentes desde los 14 años; por otro, quienes advierten sobre las condiciones materiales y jurídicas necesarias para hacerlo.
La propia resolución judicial planteó interrogantes vinculados con la infraestructura disponible para alojar adolescentes y las condiciones en las que debería implementarse el nuevo sistema. La audiencia convocada por la magistrada para el 16 de septiembre buscará obtener información concreta de las autoridades bonaerenses.
El fallo, además, ya fue apelado por la Fiscalía. El Ministerio Público cuestionó la utilización del hábeas corpus para suspender de manera general una ley nacional y sostuvo que no se habría acreditado una amenaza concreta e inminente a la libertad personal de adolescentes que justificara una decisión de ese alcance.
La Fiscalía pidió que la cautelar sea revocada y que la controversia sea revisada por la Cámara de Apelación y Garantías competente. De esta manera, la discusión dejó de ser exclusivamente política: ahora también se encuentra en juego el alcance que puede tener una decisión judicial sobre una legislación aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
El cruce entre Márquez y el Padre Pepe representa apenas una expresión más de una discusión que promete profundizarse durante las próximas semanas. Mientras el Gobierno y sectores de la oposición debaten cómo enfrentar el delito juvenil, la Justicia deberá resolver hasta dónde puede avanzar una medida cautelar sobre la aplicación de una ley nacional.
En ese escenario, las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de una disputa política cada vez más áspera. Esta vez, con un sacerdote villero en el centro de la polémica y con la baja de la edad de imputabilidad como telón de fondo de una discusión que combina seguridad, derechos de los adolescentes, potestades judiciales y fuertes diferencias ideológicas.