Argentina busca dar un nuevo marco a las denominadas tierras raras, un conjunto de elementos que adquirió creciente relevancia internacional por su utilización en industrias tecnológicas, energéticas y estratégicas.
El debate llegó al Congreso con una reforma que propone incorporarlas expresamente al Código de Minería y que podría abrir un nuevo escenario para la exploración y el desarrollo minero en el país.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, presidida por Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), emitió dictamen de mayoría para modificar el artículo 3° del Código de Minería. La propuesta reunió 19 firmas sobre 30 legisladores presentes, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría respaldado por 11 diputados.
El texto mayoritario surgió de la unificación de las iniciativas presentadas por Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas). Durante las negociaciones se acordó eliminar una referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y concentrar la modificación en la incorporación de las tierras raras dentro del Código.
Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por el tratamiento que recibirán estos recursos dentro del régimen minero argentino.
El proyecto comprende dentro de las tierras raras a minerales y compuestos que contienen elementos del grupo de los lantánidos, como lantano, cerio, praseodimio, neodimio, samario, europio, gadolinio y disprosio, entre otros. También incorpora al escandio y al itrio debido a que suelen aparecer mezclados con esos elementos.
La discusión excede la incorporación de una denominación técnica. Durante el tratamiento legislativo se puso el foco en los efectos que puede tener su inclusión entre las sustancias de primera categoría contempladas por la legislación minera.
En ese sentido, Guillermo Snopek (Unión por la Patria) expresó: “Poner a las Tierras Raras como mina de primera categoría significa que se la saca del ámbito particular para ponerla en la faz del orden público, y eso hace que sea de interés nacional”.
Desde el mismo bloque, Adriana Serquis señaló que “el objetivo de fondo tiene que ver con el desarrollo nacional, productivo y la posibilidad de que esta recategorización le permita al país poder hacer uso económico, también, de estos valores”.
Serquis también puso el foco en la soberanía y la cadena de valor. “Nos parece fundamental que en el dictamen podamos incluir la nacionalización, porque es soberanía no solo sobre nuestros territorios, sino también referidos a los materiales que vamos a extraer de la tierra y lo que significa la cadena de valor posterior para su uso y aplicación”, sostuvo.
La discusión se produce dentro de un esquema constitucional en el que las provincias mantienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Por eso, uno de los interrogantes que atraviesa el debate es cómo una nueva clasificación dentro del Código de Minería puede incidir sobre la exploración, las inversiones y el aprovechamiento económico de estos minerales en diferentes puntos del país.

Desde La Libertad Avanza, Mercedes Llano defendió la modificación: “Esta modificación no es un mero cambio técnico, sino que constituye una innovación legislativa y de políticas económicas indispensable para el siglo 21”.
En esa línea, la diputada subrayó que “las tierras raras y los minerales críticos se han convertido en la base de la seguridad energética, de la defensa y de las ventajas competitivas globales”.
“Nuestro país cuenta con un enorme potencial geológico y excepcional y que ha sido inexplorado por falta de incentivo y normativa apropiada. El desafío para la Argentina consiste en transformar el potencial geológico en un desarrollo real”, enfatizó Llano.
Las tierras raras tienen aplicaciones en sectores como la electrónica, las energías renovables, la fabricación de motores eléctricos, equipamiento tecnológico y diferentes industrias de alta complejidad. Esa importancia explica que su disponibilidad y procesamiento hayan adquirido un peso creciente en las estrategias económicas de distintos países.
En ese contexto, la discusión argentina incorpora otro interrogante: no solamente dónde están esos recursos, sino bajo qué reglas podrán explorarse, explotarse y eventualmente industrializarse.
Durante el debate también expuso Juan Biset, miembro fundador del Grupo de Trabajo de Asuntos Mineros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), quien analizó la oportunidad argentina desde una perspectiva geológica y geopolítica.
Biset sostuvo que el país posee un potencial geológico considerable, aunque buena parte todavía no haya sido identificada en profundidad. Para el especialista, el desarrollo efectivo de la minería depende de la combinación de tres factores: disponibilidad geológica, aceptación social y reglas claras y previsibles.
Su exposición puso especialmente el foco sobre el rol de la legislación. Según explicó, las normas que incrementan los costos pueden desalentar el desarrollo de determinadas áreas, mientras que aquellas que generan mejores condiciones económicas pueden favorecer nuevas inversiones.
Con el dictamen ya firmado, la discusión sobre las tierras raras supera así una modificación puntual del Código de Minería. En juego aparece la forma en que Argentina buscará posicionarse frente a recursos cada vez más demandados a nivel internacional y cómo ese potencial puede traducirse en nuevos proyectos en las distintas regiones con actividad o perspectivas mineras.
