por Redacción NewsDigitales
La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó el 4 de septiembre en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para decidir el destino del dinero que paguen las petroleras sancionadas por operar en Malvinas sin permiso argentino.
El proyecto llegó un día después de la cadena nacional en la que Javier Milei anunció sanciones contra esas empresas. Desde entonces, el Gobierno amplió las denuncias penales e identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos de las compañías petroleras.
La ley que se aplica, la 26.659, prevé multas millonarias y el decomiso de barcos, equipos y petróleo. Hoy no dice quién se queda con esa plata. El proyecto de Propato lo define.
Presenté un proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Defensa Marítima y la Soberanía del Atlántico Sur. El objetivo es simple y contribuye de manera directa a la Causa Malvinas. Proponemos que el 100% de lo recaudado por las multas y decomisos de la Ley 26.659 se… pic.twitter.com/0kRbN6rNEM
— Agustina Propato (@aguspropatoarg) September 5, 2026
Todo iría a la Armada Argentina. El proyecto crea el Fondo Nacional para la Defensa Marítima y la Soberanía en el Atlántico Sur, que recibiría el 100% de las multas y lo que se obtenga por vender los bienes decomisados.
Ese dinero solo podría usarse para cinco cosas:
Lo administraría el Ministerio de Defensa. Cada seis meses debería rendir cuentas ante la Comisión de Defensa Nacional de Diputados y la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
"El objetivo es simple y contribuye de manera directa a la Causa Malvinas", escribió Propato en X. Agregó que el fondo podría aportar a la base naval logística de Ushuaia.
La ley no fija las multas en pesos ni en dólares. Las mide en barriles de petróleo crudo WTI, a valor de mercado. Para las empresas hay dos escalas:
Este jueves, el barril WTI superó los 100 dólares. Con ese precio, una empresa multada por explorar pagaría entre 10 y 100 millones de dólares. Si la multa fuera por extracción, el tope subiría a unos 150 millones.
Los directivos también pueden ir presos. La pena es de 5 a 10 años por exploración y de 10 a 15 por extracción.
Hay una condición: la plata solo llega si la Justicia condena. Algunas de las empresas ya habían sido denunciadas antes y siguieron operando en la zona sin consecuencias.

La primera denuncia apuntó a cinco sociedades. El Gobierno sostiene que tres de ellas tendrían licencias británicas para buscar o extraer petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Las otras dos son accionistas: Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas. La presentó el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
La causa tramita en el Juzgado Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini. Las ampliaciones sumaron a dos sociedades de Rockhopper, a Borders & Southern y a Desire Petroleum.
El eje es Sea Lion, un yacimiento que sería el primero en producir crudo en aguas cercanas a las islas. Navitas Petroleum tiene el 65% del proyecto.
Hay además un frente administrativo: procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas.
#CadenaNacional:
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 4, 2026
Porque Javier Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y medidas para endurecer las sanciones a empresas que operen sin autorización en las Islas Malvinas pic.twitter.com/12qALPWrls
Tras la cadena nacional, el Gobierno firmó dos decretos:
Milei también anunció un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas no podrían contratar en el país, ni con el Estado ni con privados, y habría juicio en ausencia para los infractores.

El proyecto de Propato debe pasar por las comisiones y aprobarse en Diputados y en el Senado. Después, el Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentarlo.
La ley que modificaría se conoce como "Ley Pino Solanas". Fue sancionada el 16 de marzo de 2011, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2013, la Ley 26.915 le agregó penas de prisión.
TM