Este jueves 10 de septiembre, la jueza federal Jacqueline Becerra rechazó el intento del Gobierno de desestimar Bello-Rubio y sostuvo que su tribunal puede seguir examinando el caso. El litigio de cubanos liberados con formularios I-220A sigue vivo, pero no concede residencia ni parole. Becerra dio una semana a los abogados federales para reformular su planteo antes de la siguiente etapa.
La causa fue presentada por 992 cubanos y sus abogados estiman que una eventual clase nacional podría abarcar hasta medio millón de personas en situaciones comparables. La cifra es potencial, no una lista oficial ni una acción colectiva certificada. El caso pesa en Florida, donde la diáspora cubana en Miami tiene una presencia social y política consolidada.
El núcleo jurídico es si ciertas liberaciones en la frontera fueron documentadas con I-220A cuando debieron tramitarse como parole migratorio. La Junta de Apelaciones de Inmigración sostuvo en Matter of Cabrera-Fernandez que la libertad bajo otra sección no equivale al parole de la sección 212(d)(5)(A). Esa diferencia puede definir una puerta de entrada a la Ley de Ajuste Cubano.
Ese criterio, sin embargo, ya no cierra por sí solo la controversia en Florida. En febrero, el Undécimo Circuito anuló dos decisiones de la Junta y ordenó nuevo análisis tras un cambio de posición del Gobierno sobre la detención. No convirtió la I-220A en parole; aun con ese requisito reconocido, USCIS exige un año de presencia física, admisibilidad y otras condiciones.

Aún faltan dos decisiones capaces de definir el alcance real del expediente: si Becerra certificará una clase nacional y qué remedio jurídico podría ordenar. Sin ellas, no puede afirmarse que 500.000 cubanos estén regularizados ni que todos los portadores de una I-220A estén comprendidos. Resta conocer cómo responderá el Gobierno en el plazo concedido y si sostendrá la desestimación con argumentos modificados.

El próximo movimiento será la reformulación que el Gobierno puede presentar dentro de una semana, antes de que el tribunal avance sobre las cuestiones pendientes. Si la demanda supera esa fase, la discusión pasará al tamaño de la clase y al remedio aplicable. Por ahora, miles de cubanos conservan una vía judicial abierta, pero su elegibilidad migratoria individual sigue sin resolverse.