educación pública
11/09/2026 - Edición Nº1312
Política
Boletín Oficial
Guiño de Milei a las universidades: qué podrán investigar sobre el sistema judicial
11/09/2026 | La resolución establece un abanico amplio de posibles líneas de investigación. Las producciones no serán vinculantes.
Javier Milei junto al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
El Ministerio de Justicia creó la Red Federal de Observatorios Universitarios de Justicia, una nueva estructura de articulación con universidades de todo el país que tendrá como objetivo producir información, elaborar indicadores comparables y analizar el funcionamiento del sistema judicial.
La medida fue establecida mediante la Resolución 445/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La iniciativa busca incorporar capacidades académicas y técnicas del sistema universitario a la evaluación de las políticas públicas vinculadas con la Justicia.
Entre los temas que podrán ser estudiados aparecen el acceso a la Justicia, la digitalización de procesos, la duración de los expedientes, la gestión de los tribunales, la transparencia, el funcionamiento de las audiencias y la implementación de reformas judiciales.
El Gobierno plantea que la nueva red permitirá complementar las estadísticas y registros de gestión existentes con información producida bajo criterios metodológicos comunes y con alcance federal.
La propuesta parte de una premisa central: para diseñar o modificar políticas públicas de Justicia no alcanza solamente con los registros administrativos. El Ministerio busca sumar información académica que permita medir resultados, detectar problemas y establecer comparaciones entre distintos puntos del país.
Qué universidades podrán participar
La red estará integrada por observatorios, centros de investigación y equipos académicos pertenecientes a instituciones que formen parte del Sistema Universitario Nacional.
Esto incluye a universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas por el Estado Nacional, además de los institutos universitarios reconocidos.
La incorporación no será automática. Se establece que deberá formalizarse mediante convenios de cooperación con el Ministerio de Justicia.
De esta manera, la participación tendrá carácter voluntario y se instrumentará a través de acuerdos académicos e institucionales.
Las siete funciones principales de la red
El anexo de la resolución detalla las tareas que tendrá la Red Federal. Entre las funciones principales se encuentra la producción de evidencia empírica de alcance federal sobre las políticas públicas de Justicia.
También deberá desarrollar indicadores comparables entre jurisdicciones y regiones. El objetivo es contar con parámetros comunes que permitan analizar, por ejemplo, diferencias en tiempos de resolución, funcionamiento institucional o acceso a determinados servicios judiciales.
Otra de las funciones será promover investigaciones aplicadas sobre acceso a la Justicia, modernización judicial, digitalización, gestión institucional, transparencia y reformas judiciales.
La red también podrá realizar análisis y evaluaciones institucionales de políticas públicas, programas y procesos de gestión vinculados con el sistema judicial.
A esas tareas se suman tres funciones complementarias: formular recomendaciones técnicas no vinculantes, fortalecer las capacidades académicas en investigación jurídica, estadística y análisis de datos, y promover la difusión pública de los resultados mediante estudios, informes y publicaciones.
Qué temas podrá analizar
La resolución establece un abanico amplio de posibles líneas de investigación.
Entre ellas aparecen el acceso a la Justicia, el fortalecimiento de los juzgados de paz, la digitalización de los procesos, la modernización judicial y la gestión de las instituciones.
También podrán estudiarse la transparencia, la duración de los procesos, el funcionamiento de las audiencias y la implementación de reformas judiciales.
La lista no es cerrada. La norma contempla además otros programas y políticas orientados a mejorar el funcionamiento del sistema de Justicia.
Esto permitirá que la red pueda concentrarse en distintos problemas según las necesidades detectadas y los acuerdos que se establezcan entre el Ministerio y las instituciones académicas.
Las recomendaciones no serán vinculantes
Uno de los puntos destacados de la resolución es que la producción de la red tendrá carácter técnico-académico, cooperativo y no vinculante.
Esto significa que los informes, estudios y recomendaciones que surjan de los observatorios no obligarán al Ministerio ni a los poderes judiciales a adoptar determinadas decisiones.
La red funcionará, en ese sentido, como una herramienta de producción y análisis de evidencia. Sus conclusiones podrán ser utilizadas para elaborar informes, documentos de trabajo, publicaciones institucionales y recomendaciones técnicas destinadas a mejorar las políticas públicas.
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques
Qué datos podrá utilizar
Por otro lado, se fijan límites sobre la información que podrá ser utilizada. La producción y difusión de datos deberá realizarse sobre la base de información pública, institucional, agregada o debidamente anonimizada.
La norma exige respetar la legislación vigente sobre protección de datos personales, confidencialidad y resguardo de información sensible.
De esta manera, el criterio apunta a que la red pueda estudiar fenómenos del sistema judicial sin convertir la iniciativa en un mecanismo para divulgar información personal protegida.
