Torres Gemelas: el documento de US$20 que Nueva York decía no tener

Con veinte dólares, los abogados de una organización de afectados por el atentado a las Torres Gemelas consiguieron una copia de un documento que Nueva York no les había entregado. La encontraron en un archivo universitario de Texas. El papel, conocido como memo Harding, dejó expuestas las preocupaciones legales que circulaban dentro del gobierno municipal mientras la población recibía mensajes de tranquilidad sobre la calidad del aire.

La historia recuperó actualidad esta semana. El 8 de septiembre, a tres días del 25.º aniversario del 11 de septiembre de 2001, la administración de Zohran Mamdani abrió un portal con aproximadamente 170.000 páginas sobre la respuesta de la ciudad al atentado, los riesgos sanitarios y la contaminación posterior al derrumbe del World Trade Center.

El memorando ya había sido difundido en febrero, después de su incorporación a una causa judicial. No se trata, por lo tanto, de un hallazgo de este aniversario. Lo nuevo es su inclusión en el archivo público municipal y el acuerdo que obliga a Nueva York a continuar buscando documentación que los afectados reclamaban desde hacía años.

Qué evaluaba el gobierno de Giuliani

Dirigido al entonces vicealcalde Robert Harding y firmado por Michelle Goldstein, el memo examinaba alternativas legislativas para limitar la responsabilidad de la ciudad por el 11-S. Entre los posibles motivos de demanda mencionaba recomendaciones sanitarias que hicieran regresar demasiado pronto a la población, con exposición tóxica; equipos de protección insuficientes para los rescatistas; y tareas de limpieza inadecuadas.

El documento estimaba unos 35.000 potenciales demandantes, de los cuales calculaba que 10.000 presentarían reclamos por distintos daños vinculados al atentado. Esas cifras eran una proyección jurídica, no un conteo de enfermos ni una estimación exclusiva de víctimas de la nube tóxica. Su importancia está en mostrar qué riesgos contemplaba internamente la administración.

“El memo interno analizaba posibles responsabilidades legales por la exposición posterior al 11-S.”

Para Benjamin Chevat, director de 911 Health Watch, la contradicción está en la distancia entre esas preocupaciones y la comunicación pública. La organización sostiene que las autoridades discutían cómo proteger al municipio frente a futuras demandas mientras transmitían que el aire era seguro. Su reclamo apunta a reconstruir quién sabía qué y cuándo lo supo.

La publicación también alcanza a las llamadas “68 cajas”, un conjunto de registros que, según el propio anuncio municipal, no fue localizado hasta 2025 pese a los pedidos de acceso a la información. El portal continuará incorporando documentos durante los próximos doce meses, después de su revisión y de la protección de los datos personales que contengan.

La pista estaba en el archivo de un periodista

La copia del memo apareció entre los papeles de Wayne Barrett, periodista de investigación que había trabajado sobre la gestión de Rudy Giuliani. Su archivo está conservado en el Dolph Briscoe Center for American History, de la Universidad de Texas en Austin. Barrett y Dan Collins habían mencionado el documento en su libro Grand Illusion, mucho antes de que esta copia llegara al expediente.

El comprobante incorporado al expediente registra US$10 por el servicio y US$10 por veinte escaneos: US$20 en total.

La factura incorporada a la causa tiene fecha del 22 de enero de 2026: diez dólares por el servicio y otros diez por veinte escaneos. Total: US$20. El comprobante también registra el pago.

El contraste no pasó inadvertido para Andrew Carboy, abogado de 911 Health Watch. Al anunciar el acuerdo de septiembre, destacó que la búsqueda se había realizado dentro de una colección de trescientas cajas. Un archivo periodístico había permitido recuperar lo que la vía administrativa no había proporcionado.

La ciudad defendió su actuación durante el litigio. En una presentación del 13 de febrero, su representación legal sostuvo que desde noviembre trabajaba con los solicitantes para identificar y entregar registros, detalló material ya producido y señaló que estaba preparando nuevas copias. También objetó el procedimiento utilizado por los abogados de los afectados para incorporar su presentación.

Sin embargo, el 28 de mayo de 2026, el juez James G. Clynes resolvió que la negativa administrativa emitida por el Departamento de Protección Ambiental en febrero de 2024 había sido “arbitraria y caprichosa”. Señaló que sus fundamentos eran vagos y carecían de una justificación individualizada. El fallo se refiere al acceso a la información: no constituye una condena por las enfermedades sufridas después del atentado.

La Justicia cuestionó la fundamentación utilizada para rechazar el acceso a los registros.

La discusión política sigue abierta. Al presentar el portal, el congresista Jerry Nadler cuestionó a Giuliani por el manejo de las advertencias sanitarias. Mamdani, por su parte, presentó la publicación como una respuesta a los sobrevivientes y familiares que llevaban años reclamando transparencia.

El acuerdo incluye controles sobre esa promesa. Los abogados de los afectados se reunirán mensualmente con la ciudad durante un año para revisar la publicación de documentos y plantear nuevas búsquedas. También contempla facilitar registros a antiguos empleados municipales y alumnos de escuelas públicas que necesiten acreditar su presencia en la zona de exposición para acceder a programas federales.

Veinticinco años después, esos papeles sirven para algo más que discutir el legado de un alcalde. Para quienes necesitan demostrar dónde estuvieron y qué riesgos enfrentaron, el acceso al archivo también puede formar parte del camino hacia la atención médica y la compensación.