Camioneta enterrada y multa millonaria: qué enseñanza deja el caso Pampa del Leoncito

Dos hombres -el médico Agustín Añó y el ingeniero industrial Pablo Andrés Abraham- fueron condenados por ingresar por un acceso no habilitado a un sector protegido de la Pampa del Leoncito, en San Juan, y provocar un importante daño ambiental en el denominado Barreal Blanco. La Justicia -en un fallo al que accedió NewsDigitales- consideró acreditado que ambos eligieron deliberadamente una vía alternativa para evitar el puesto de control obligatorio de Gendarmería Nacional.

El episodio ocurrió a mediados del mes pasado, cuando los dos hombres se desplazaban en una Toyota Hilux y abandonaron el recorrido habilitado para ingresar por el sector sur del área. La maniobra terminó cuando el vehículo quedó completamente enterrado en una superficie barrosa que se encontraba inundada debido a las condiciones climáticas.

Los ocupantes abandonaron la camioneta durante la noche y se retiraron a pie. Al día siguiente, prestadores turísticos e intendentes de la zona detectaron el vehículo y dieron aviso a las autoridades. El caso llegó al Juzgado de Paz Letrado de Calingasta, que analizó no solamente el ingreso irregular sino también las consecuencias que tuvo la circulación del vehículo sobre el terreno protegido.

Un daño que podría tardar décadas en recuperarse

Las pericias realizadas por especialistas en ciencias geológicas de la Dirección de Patrimonio Cultural determinaron que la camioneta afectó una superficie de aproximadamente 280 metros cuadrados. La circulación del vehículo rompió la costra superficial del barreal y dejó surcos y deformaciones de entre cinco y ocho centímetros de profundidad.

El daño se agravó cuando los ocupantes intentaron retirar la camioneta. Para hacerlo utilizaron, entre otros elementos, rampas metálicas de motocicletas colocadas debajo de las ruedas traseras, lo que produjo nuevas alteraciones sobre la superficie.

La particularidad del Barreal Blanco hizo que las consecuencias fueran especialmente relevantes. Según las pericias incorporadas al expediente, la formación y sedimentación del terreno se desarrolla con extrema lentitud y la recuperación natural de la superficie afectada podría demandar entre 50 y 80 años.

Para el magistrado, la alteración producida alcanzó una gravedad considerable debido a las características del ambiente y al régimen de protección que pesa sobre el lugar.

El costo de no tener abogados

Durante el proceso, los acusados -sin patrocinio letrado- sostuvieron que desconocían que el acceso utilizado estaba prohibido y que, debido a la falta de visibilidad durante la noche, tampoco pudieron advertir que el terreno se encontraba cubierto de agua. Manifestaron ver cartelería que -a su entender- no prohíbe, aunque limita, la circulación por el lugar.

Por otra parte, negaron haber incurrido en conductas violatorias de las normas por las que se les hizo el reproche: artículo 187, inciso 4, de la Ley Provincial 941-R -que fue aplicado en función del artículo 30 de la Ley 571-F- artículo 77, inciso 16, del Decreto Reglamentario N.º 250-2006-R, Ley Provincial 6684, de adhesión a la Ley Nacional 24.449

El argumento fue rechazado. El tribunal tuvo en cuenta que ambos conocían el lugar porque lo habían visitado en reiteradas oportunidades desde su infancia. En consecuencia, consideró que no podían desvincularse de las consecuencias derivadas de haber elegido una vía que no se encontraba habilitada para ingresar al área protegida.

La resolución también aplicó el principio según el cual el desconocimiento de las normas no constituye una excusa para incumplirlas. En este caso, además, el tribunal ponderó que se trataba de un espacio sometido a un régimen específico de protección ambiental.

Más de $4 millones cada uno

La Justicia impuso a cada uno de los infractores una multa equivalente a 15 sueldos del escalafón mínimo de la administración pública provincial, que fue fijada en $4.387.320 por persona. A esa sanción se sumó una multa de $456.800 para el ingeniero que conducía la camioneta, debido a la infracción vinculada con la elusión deliberada del control operativo de las fuerzas de seguridad.

Los condenados tienen un plazo de cinco días hábiles para acreditar el depósito de las sumas correspondientes en las cuentas habilitadas de Rentas Generales de la Provincia. En caso de incumplimiento, la resolución contempla la posibilidad de iniciar una ejecución fiscal o convertir la sanción económica en días de arresto efectivo.

El dinero deberá ser destinado a la autoridad de aplicación para financiar tareas de mitigación, conservación y prevención en el área afectada.El episodio dejó una consecuencia que excede ampliamente el valor de la camioneta enterrada: una maniobra que buscó evitar un control terminó provocando un daño sobre un ambiente protegido cuya recuperación natural podría llevar hasta ocho décadas.