por Redacción NewsDigitales
El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde presentó el lunes un proyecto de ley que saca a las billeteras virtuales, a los bancos y a las empresas de préstamos del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, el sistema de rebajas impositivas creado por la Ley 27.506.
El texto, que lleva el número de expediente 1561/26, agrega un párrafo al artículo 5° de esa ley. Ahí excluye a cuatro tipos de empresas: las entidades financieras, los Proveedores de Servicios de Pago —la figura con la que el Banco Central registra a Mercado Pago y a las demás billeteras—, los Proveedores no Financieros de Crédito y las plataformas de préstamos entre particulares.
La exclusión las alcanza "aun cuando las citadas firmas acrediten el desarrollo de software o servicios informáticos como su actividad principal". Tener programadores en nómina dejaría de alcanzar para cobrar el beneficio.
Acá está el punto más duro del proyecto, y el que lo diferencia de todos los que ya circulan en el Congreso.
La Ley 27.506 incluye un beneficio llamado estabilidad fiscal. Funciona como una promesa del Estado: la empresa que se anota en el registro oficial tiene garantizado que esas ventajas no se le tocan mientras el régimen siga vigente. El régimen corre hasta el 31 de diciembre de 2029.
El artículo 2° del proyecto cancela esa garantía. Dice que la estabilidad "no resultará aplicable" a las empresas excluidas, "aun cuando se encontraren inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios con anterioridad".
Es decir: no solo cierra la puerta para adelante. También le saca el beneficio a las que ya lo tienen. Mercado Libre entró al régimen en agosto de 2021, con efecto retroactivo a enero de 2020.
La ley empezaría a regir el mismo día que se publique en el Boletín Oficial.
La compañía informó en su balance ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que en los primeros seis meses de 2026 recibió beneficios fiscales en la Argentina por USD 42 millones.
El desglose, según el análisis del investigador del CONICET Gustavo García Zanotti:
En pesos, unos $68.000 millones en medio año.
El mismo balance trae el dato que sostiene todo el argumento del proyecto: el 64,3% de lo que Mercado Libre factura en la Argentina ya viene de Mercado Pago, casi el doble de lo que le deja la venta online.
El régimen otorga dos ventajas principales a las empresas anotadas:
El texto también excluye a las empresas del mismo grupo económico: controlantes, controladas y vinculadas.
Los fundamentos explican para qué. Sin esa cláusula, un grupo financiero podría armar "una empresa 'pantalla' o filial dedicada formalmente de forma exclusiva al 'desarrollo de software'", cobrar con ella los beneficios y después venderle el sistema a la casa matriz.
El senador sostiene que el software que hace un banco o una billetera no se exporta ni se vende afuera: se usa puertas adentro.
"El Estado no está subsidiando la 'Economía del Conocimiento'", dice el proyecto. "Lo que está haciendo en la práctica es subsidiar el costo operativo de la infraestructura de cobranza y colocación de deuda del sector financiero y las fintech".
Y cierra: "Ninguna actividad cuyo fin último sea la extracción de tasas de interés y comisiones sobre el consumo básico de la población puede ser considerada un 'sector de vanguardia merecedor de la promoción del Estado'".
Recalde presentó la misma semana un Programa de Desendeudamiento Familiar. Ese texto propone poner topes a las tasas de interés, obligar a las entidades a refinanciar las deudas de consumo esencial y prohibir la venta de carteras de morosos a terceros.
La conexión entre los dos es la plata: lo que el Estado recaude al sacar los beneficios financiaría el alivio a los deudores.
El proyecto todavía no tiene dictamen de comisión y necesita el visto bueno de las dos cámaras.
En Diputados, en cambio, el tema ya tiene cronograma. El miércoles la oposición abrió una sesión especial con 135 presentes y emplazó a las comisiones a tratar más de 50 proyectos sobre endeudamiento. Finanzas y Defensa del Consumidor arrancan el martes 15 de septiembre, con la idea de llevar un texto unificado al recinto a principios de octubre.
En el debate se manejó una cifra: alrededor de 6 millones de argentinos con deudas en mora.
TM