El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Edson Fachin, ordenó levantar el secreto de miles de páginas de la investigación sobre el Banco Master, una causa que indaga un supuesto fraude financiero multimillonario y que ya alcanza a funcionarios del Banco Central, dirigentes políticos y miembros del propio máximo tribunal. El ministro André Mendonça, relator de la investigación, comenzó a cumplir la decisión y liberó procedimientos vinculados con la Operación Compliance Zero.
El movimiento ocurre en un momento especialmente delicado para Brasil. La investigación sobre el antiguo Banco Master se amplió alrededor de su exdueño Daniel Vorcaro y de sus presuntos vínculos con funcionarios y dirigentes de distintas fuerzas políticas. La Policía Federal investiga, entre otros puntos, operaciones financieras supuestamente fraudulentas, corrupción, lavado de dinero y posibles intentos de interferir en las investigaciones.
La crisis adquirió una dimensión institucional después de que Mendonça hiciera públicos documentos que incluyen decenas de mensajes que, según la Policía Federal, Vorcaro envió al ministro Alexandre de Moraes. La divulgación provocó pedidos para investigar si existió una relación impropia entre el magistrado y el exbanquero. Moraes rechazó las acusaciones y respondió señalando a Mendonça por un supuesto abuso de autoridad y por la forma en que fueron publicados los documentos.
Fachin había convocado al pleno del STF para el 15 de septiembre con el objetivo de discutir las acusaciones relacionadas con Moraes y su vínculo con Vorcaro. Sin embargo, el decano Gilmar Mendes pidió posteriormente que esa sesión sea aplazada y que las acusaciones relacionadas con Mendonça sean examinadas conjuntamente, una señal del nivel de tensión interna que atraviesa la Corte.

La Operación Compliance Zero comenzó investigando indicios de creación y comercialización de carteras de crédito sin respaldo financiero. Las autoridades también analizan la venta de activos al Banco de Brasilia (BRB), operaciones de lavado de dinero y posibles conexiones con agentes públicos. Hasta mayo, la Justicia había ordenado bloqueos y secuestros de bienes por alrededor de R$ 27.700 millones, aunque esa cifra corresponde a activos alcanzados por las medidas judiciales y no equivale necesariamente al perjuicio final del fraude.

La apertura de los expedientes también recibió respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien defendió que las investigaciones sean expuestas independientemente de quién pueda resultar afectado. Aun así, parte del material puede mantenerse reservado cuando su divulgación comprometa diligencias todavía en marcha o datos protegidos. El levantamiento del secreto permite conocer mejor el alcance político e institucional del caso, pero las personas mencionadas en los expedientes no deben ser consideradas culpables mientras las investigaciones y los procesos judiciales continúen.