Una transferencia de $300 mil complica el escándalo en una cárcel bonaerense: quién recibió el dinero

Una transferencia por 300 mil pesos desde la cuenta del hijo de uno de los presos señalados como integrantes de una organización que operaría dentro de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela hacia quien entonces se desempeñaba como jefe del establecimiento fue presentada ante la Justicia como nueva prueba de un presunto entramado de corrupción carcelaria.

El movimiento de dinero fue realizado el 7 de junio a través de Mercado Pago por Juan Cruz Echeverría, hijo del interno Roberto Carlos Echeverría, y tuvo como destinatario a Lucas Sergio González, quien por entonces era jefe del penal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El comprobante fue incorporado a la denuncia que tramita ante la UFI N°9 de Florencio Varela. Los presos denunciantes sostienen que la operación formaría parte de un circuito de pagos destinado a garantizar protección y beneficios para un grupo de internos conocido como “La Comitiva” o “Limpiezas y Mantenimiento”.

En el escrito calificaron la maniobra como un presunto “cohecho bancarizado” y afirmaron que el documento permitiría acreditar un flujo de dinero desde el entorno de quienes identifican como referentes del grupo hacia autoridades penitenciarias.

La transferencia, por sí misma, acredita el envío del dinero, mientras que será la investigación judicial la que deberá determinar cuál fue el motivo del pago y si efectivamente estuvo relacionado con las actividades ilícitas denunciadas.

Qué denuncian que ocurría dentro del penal

Según la presentación, el supuesto pago estaría vinculado con una serie de beneficios dentro de la Unidad 31. Entre ellos mencionaron una presunta “zona liberada” para permitir el ingreso, almacenamiento y venta de cocaína y marihuana sin controles.

Los denunciantes también hablaron de protección para realizar desalojos violentos de celdas contra internos que se negaban a pagar determinadas sumas y de maniobras para conseguir traslados mediante documentación presuntamente irregular.

González dejó su puesto en la Unidad 31 en julio, luego de una denuncia por violencia de género realizada por su ex pareja, y fue trasladado a otro establecimiento. En su lugar asumió Luciano Federico Días.

Los internos que impulsaron la denuncia sostienen, sin embargo, que las presuntas irregularidades continuaron y cuestionaron la actuación del director de la cárcel, José Othasegui.

La causa ya había derivado el mes pasado en un allanamiento realizado por efectivos de la DDI Quilmes a partir de denuncias de presos y familiares.

Como consecuencia de aquel procedimiento fueron imputados 11 internos y se secuestraron 13 teléfonos celulares. Dos de esos aparatos, según la información incorporada al expediente, fueron encontrados dentro de la oficina del subdirector.

Los presos investigados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.

Ahora, la Justicia deberá establecer qué vínculo existió entre la transferencia de los $300 mil y las presuntas maniobras investigadas dentro de la cárcel, que incluyen acusaciones por narcotráfico, extorsiones y posibles hechos de corrupción.