por Redacción NewsDigitales
El Tribunal Oral Federal 5 condenó este lunes al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de $206.438.454,05 que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto.
López y Fatala recibieron 2 años y 9 meses de prisión. Sergio Schoklender, 2 años y 8 meses. Pablo Schoklender, 2 años y 4 meses. Las cuatro penas son en suspenso.
El veredicto llegó tras 15 años de expediente y seis meses de juicio oral, un día antes de que venciera el plazo legal de la causa según el cálculo de la Fiscalía. Los fundamentos se leerán el 13 de noviembre.
Las cuatro condenas son menores a tres años y "en suspenso", es decir, de cumplimiento condicional. Eso significa que los condenados no entran a una prisión: deben cumplir reglas de conducta durante el tiempo que dura la pena.
Hay dos que sí están detenidos, pero por otros expedientes. José López está en la cárcel de Ezeiza por la causa Vialidad. Al mismo tiempo De Vido, absuelto en este juicio, cumple prisión domiciliaria en Zárate por la tragedia ferroviaria de Once.
Hebe de Bonafini, entonces titular de Madres de Plaza de Mayo, estuvo procesada en el expediente hasta su muerte, en noviembre de 2022. Nunca llegó a sentarse en el banquillo.

El tribunal lo absolvió por mayoría. Los jueces Adriana Palliotti y Adrián Grünberg votaron por la absolución; Daniel Obligado lo hizo en disidencia, es decir, estuvo en contra.
Los motivos todavía no se conocen: recién se leerán el 13 de noviembre. El fallo tampoco evaluó su responsabilidad política como ministro al firmar los convenios con la Fundación.

La Fundación Madres de Plaza de Mayo administró $748.719.414,64 entre 2008 y 2011. De ese total, la acusación sostuvo que $206.438.454,05 terminaron en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender.
Las obras no salieron a licitación: se adjudicaron de manera directa a la Fundación. El fiscal Diego Velasco habló de un "plan criminal" coordinado desde el Estado nacional.

El tribunal ordenó por mayoría el decomiso de los bienes cautelados por $206.438.454,05, el monto que consideró desviado. La cifra se actualizará por inflación.
Ese dinero no se cobra ahora: solo cuando la sentencia quede firme. Velasco pidió que se destine a programas de vivienda social.

Es el delito por el que se dictaron las condenas, agravado por haberse cometido contra el Estado. En palabras simples: manejar fondos públicos y darles un destino distinto del que correspondía.
La pena máxima prevista es de seis años de prisión. Por eso, aun con condena, el tribunal tenía margen para fijar penas que no implican cárcel.

Las defensas pidieron que la causa se declarara prescripta, o sea vencida por el paso del tiempo. La Fiscalía calculó que ese plazo de seis años se cumple este martes. El tribunal rechazó el planteo y falló un día antes.
Velasco y la Unidad de Información Financiera habían reclamado seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los Schoklender, y cuatro años para los otros cuatro imputados. Ninguna condena llegó a tres.
📢 SERGIO SCHOKLENDER: "NO SE ANIMARON A DECIR QUE SE EQUIVOCARON"
— A24.com (@A24COM) September 14, 2026
Lo condenaron a 2 años y 8 meses en la causa "Sueños compartidos". De Vido fue absuelto.
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"No se desvió un puto fondo", afirmó a la salida de Comodoro Py. Y agregó: "No se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho".
Sobre su propia condena, sostuvo: "Lo que hacen es dar una pena simbólica y patearle todo el tema a la Cámara y a la Corte".

Varias obras quedaron sin terminar y algunos municipios las completaron con fondos propios. Sergio Massa, que declaró como testigo en marzo, dijo que en Tigre hubo "incumplimientos" y que el municipio discontinuó las obras.
Los empleados que trabajaban en el programa tampoco cobraron ni recibieron sus aportes, según la investigación.

Nada está firme. Después de los fundamentos del 13 de noviembre, las defensas apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal y el caso puede llegar a la Corte Suprema.
Además queda un segundo juicio, por lavado de dinero, que sigue la ruta de esos fondos. Los hermanos Schoklender no están imputados en ese tramo.
TM