01/11/2026 - Edición Nº1363

Política

Elecciones judiciales

Consejo de la Magistratura: cuatro listas compiten por las bancas de los abogados

15/09/2026 | Las elecciones serán el 20 de octubre. Cuatro listas disputarán la representación de los abogados en un organismo clave para la Justicia.

La elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación entró en su etapa decisiva. Tras el cierre de candidaturas, cuatro listas quedaron anotadas para competir el próximo 20 de octubre por las cuatro bancas correspondientes a la abogacía en uno de los organismos más relevantes del Poder Judicial.

La elección excede la discusión interna de los colegios profesionales. El Consejo está integrado por 20 miembros y tiene intervención directa en la selección de candidatos para ocupar juzgados nacionales y federales, además de participar en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados. Los representantes que surjan de esta elección tendrán mandato hasta 2030.

El cierre de listas dejó, además, una radiografía particular de la política judicial argentina: el peronismo no consiguió unificar a sus distintas terminales, sectores del radicalismo también quedaron distribuidos entre diferentes armados y La Libertad Avanza decidió competir con una propuesta propia. A esos alineamientos se superponen dirigentes de colegios de abogados y referentes de larga trayectoria en la política profesional.

Elecciones del Consejo de la Magistratura: qué se vota y quiénes participan

Los comicios se realizarán el martes 20 de octubre, entre las 9 y las 18, y podrán participar los abogados y abogadas con matrícula federal activa incluidos en el padrón. La convocatoria alcanza a alrededor de 180 mil profesionales: el padrón provisorio difundido en agosto contenía 183.736 electores distribuidos en 96 lugares de votación.

Aunque las mesas estarán distribuidas en todo el territorio, la elección funciona como distrito único nacional. Esto significa que los votos obtenidos en la Ciudad de Buenos Aires y en las diferentes provincias se sumarán en un mismo escrutinio nacional para distribuir las cuatro bancas.

El Consejo de la Magistratura durante una votación en sesión plenaria.

Los cargos se repartirán mediante un sistema proporcional: los votos de cada lista se dividirán por uno, dos, tres y cuatro y se ordenarán los cuatro cocientes más altos. En términos prácticos, una misma lista puede obtener más de una banca si consigue una cantidad suficiente de votos; no corresponde automáticamente un representante a cada una de las cuatro listas.

La reglamentación también establece condiciones de representación: entre los cuatro consejeros elegidos debe garantizarse la presencia de al menos dos mujeres y dos representantes de la matrícula federal del interior. Las listas, además, deben contener por lo menos un representante de la matrícula federal de la Ciudad de Buenos Aires y respetar la alternancia de género.

Los nuevos consejeros reemplazarán a Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, actuales representantes de los abogados en el organismo.

Itatí Demarchi y Jorge Rizzo encabezan Abogacía Unida y Dignidad Profesional

Abogacía Unida y Dignidad Profesional lleva como primera candidata a Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista cordobesa y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. En segundo lugar aparece Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura porteño. Completan la nómina titular Julia Toyos, de Salta, y Andrés Abramovich, de Santa Fe.

Itatí Demarchi firmó su candidatura y encabeza la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional.

La conformación combina dirigentes de la colegiación profesional de distintas provincias con un armado político en el que tuvo un rol relevante Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del peronismo porteño. Distintas fuentes también ubican dentro del entendimiento a sectores de La Cámpora y al senador y consejero Mariano Recalde.

El acuerdo resulta políticamente significativo porque reunió sectores que mantienen diferencias en otros escenarios de la interna peronista. Demarchi, por su parte, intenta imprimirle a la campaña un perfil vinculado con la abogacía litigante, el federalismo y la defensa de los honorarios profesionales.

Fernando Levene encabeza Abogacía Federal

La segunda expresión surgida de las negociaciones es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. La segunda candidata es Sandra París, actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, exdiputada bonaerense y exintegrante del Consejo de la Magistratura provincial. Eduardo Awad y la cordobesa Myriam Londero completan los lugares titulares.

Fernando Levene encabeza la lista Abogacía Federal para las elecciones del 20 de octubre.

Detrás de esta lista aparece uno de los acuerdos más transversales de la elección. Las negociaciones fueron atribuidas a sectores vinculados con el expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, el senador radical Maximiliano Abad, el exconsejero Miguel Piedecasas y el gobernador cordobés Martín Llaryora.

Su conformación terminó de frustrar la posibilidad de una lista única de los espacios vinculados al peronismo. Las conversaciones entre los sectores referenciados en Olmos, La Cámpora y Molea se mantuvieron hasta los días previos al cierre, pero no consiguieron sintetizar una candidatura común. El resultado dejó a Demarchi y Levene encabezando dos propuestas distintas y compitiendo, en parte, por electores provenientes de espacios políticos y profesionales que habían negociado una eventual unidad.

Alberto Biglieri y Unidad en Defensa de la Abogacía

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía tiene como primer candidato a Alberto Biglieri, abogado administrativista, exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica. Lo acompaña en segundo término Claudia Sarmiento, funcionaria del gobierno de San Juan y vinculada al espacio Abogados en Acción de la actual consejera Jimena de la Torre.

Alberto Biglieri es el primer candidato de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía.

Los otros candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y dirigente de la colegiación de esa provincia.

En el armado confluyeron sectores del PRO, dirigentes radicales y referentes de la política colegial. Distintas fuentes señalan particularmente la influencia del exdirigente radical y operador judicial Daniel Angelici, mientras que la presencia de referentes como Carlos Mas Vélez entre los suplentes muestra el componente radical porteño de la propuesta.

La composición expone otra de las particularidades del cierre: así como el peronismo no consiguió presentar una sola propuesta, el radicalismo tampoco quedó contenido en una única lista, ya que sectores vinculados a Abad y Piedecasas confluyeron con Levene mientras otros referentes se alinearon detrás del armado encabezado por Biglieri.

La Libertad Avanza compite con la lista encabezada por Luis Palomino

La cuarta lista es Abogacía por la Libertad, que representa el desembarco más explícito de La Libertad Avanza en la elección. Está encabezada por Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López y presidente del bloque libertario en ese distrito, quien anteriormente se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación.

Luis Palomino encabeza Abogacía por la Libertad, la lista vinculada a La Libertad Avanza.

La segunda candidata es Valeria Fredes, quien ocupó cargos directivos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial durante la administración de Javier Milei. Completan la lista de titulares Martín Buscemi, abogado mendocino con trayectoria colegial, y Alicia Colazo, matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Palomino mantiene una relación política estrecha con Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. La decisión de presentar una nómina propia fue habilitada por la conducción nacional libertaria y supone un intento del oficialismo por construir representación directa dentro del estamento de los abogados, en lugar de acompañar alguno de los tradicionales armados de la política judicial y colegial.

La disputa política detrás de las elecciones del Consejo de la Magistratura

El mapa resultante muestra que la elección del 20 de octubre difícilmente pueda interpretarse únicamente en términos partidarios. Las cuatro listas reúnen abogados litigantes, autoridades y exautoridades de colegios profesionales, dirigentes políticos, funcionarios y referentes con experiencia en los consejos de la Magistratura nacional, porteño y provinciales.

Sin embargo, detrás de esas candidaturas se juega también una pulseada de poder. El peronismo llega dividido entre los sectores que confluyeron alrededor de Demarchi y los que acompañan a Levene; el radicalismo distribuyó sus referentes entre los armados de Biglieri y Levene; mientras que La Libertad Avanza optó por medir su fuerza con una propuesta identificada directamente con el oficialismo nacional.

La importancia de esas alianzas está directamente relacionada con las atribuciones del organismo. Los cuatro representantes de los abogados constituyen una quinta parte de un Consejo de 20 integrantes en el que también participan el presidente de la Corte Suprema, jueces, legisladores, representantes académicos y un delegado del Poder Ejecutivo. Ningún sector controla por sí solo el cuerpo, por lo que las mayorías se construyen mediante acuerdos entre sus distintos estamentos.

Qué poder tendrán los abogados elegidos en el Consejo de la Magistratura

El Consejo interviene en uno de los procesos más sensibles del sistema institucional: la selección de candidatos para ocupar juzgados nacionales y federales. También ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados y puede impulsar los procedimientos que eventualmente conduzcan a su remoción.

Por eso, aunque el electorado esté limitado a los abogados con matrícula federal, el resultado tendrá consecuencias que exceden ampliamente a la profesión. Los cuatro representantes que resulten elegidos participarán hasta 2030 de las discusiones sobre concursos, vacantes, funcionamiento del Poder Judicial y disciplina de los jueces.

El cierre de listas fue apenas el primer paso. Desde este 15 de septiembre se abre la etapa de observaciones e impugnaciones; el cronograma contempla la oficialización definitiva de las candidaturas para el 30 de septiembre. La votación será el 20 de octubre y el escrutinio definitivo, la distribución de las cuatro bancas y la proclamación están previstos para los últimos días de ese mes.

Con cuatro listas y alianzas que atraviesan las fronteras tradicionales de los partidos, la elección terminará midiendo dos fuerzas al mismo tiempo: el peso territorial y profesional de las estructuras de la abogacía y la capacidad de los principales espacios políticos para proyectar influencia sobre uno de los organismos centrales del Poder Judicial argentino.

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