por Redacción NewsDigitales
La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará este martes su reclamo por el financiamiento universitario a Plaza de Mayo, donde se realizarán clases públicas, actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad. La jornada se extenderá desde la mañana hasta la medianoche.

Las clases públicas convocadas por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) comenzarán a las 11. Durante el día también participarán los 13 decanos de las facultades de la universidad, que dictarán clases magistrales abiertas al público.
La protesta reclama que el Gobierno nacional aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cumpla con los fallos judiciales vinculados con la recomposición salarial del personal docente y no docente y las becas para estudiantes.
Además de las actividades académicas, habrá atención gratuita en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica. También se ofrecerán asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
La UBA también exhibirá proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico. Entre las iniciativas estará un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la universidad.

La jornada busca mostrar el impacto del presupuesto universitario más allá de las aulas, con actividades vinculadas a la salud pública, la investigación, la innovación y la formación profesional.
El conflicto comenzó a profundizarse con el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la Ley de Financiamiento Universitario quedaría condicionada a la determinación de sus fuentes específicas de financiamiento. La medida fue cuestionada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales, que recurrieron a la Justicia.

En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que alcanzó a los artículos 5° y 6° de la ley, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles.
El capítulo más reciente ocurrió el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar de manera inmediata las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley. Esos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación. Según el magistrado, el impacto fiscal de la norma representa el 0,23% del PBI.
Los gremios universitarios anticiparon que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, avanzarán con una quinta Marcha Federal Universitaria.