En medio del debate que atraviesa al Congreso por el endeudamiento de las familias y el aumento de la morosidad, la diputada nacional Romina Del Plá presentó, junto a Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano y Myriam Bregman, un proyecto que apunta específicamente a los trabajadores de plataformas digitales de reparto.
La iniciativa propone prohibir que empresas como las aplicaciones de delivery y otras plataformas similares otorguen, intermedien o faciliten créditos a sus repartidores cuando los intereses superen la tasa pasiva del Banco Nación.
Además, plantea declarar nulos determinados cargos financieros de deudas ya contraídas y establece un paquete de medidas laborales que modifica de manera sustancial el vínculo entre las plataformas y quienes trabajan para ellas.
El proyecto forma parte de los expedientes sobre endeudamiento y morosidad que serán tratados durante septiembre en la Cámara de Diputados, en un debate más amplio en el que la oposición deberá intentar construir un texto común.

El escenario plantea una discusión de fondo entre el oficialismo y los bloques opositores. Mientras distintas bancadas impulsan mecanismos de regulación, asistencia o protección para los deudores, el Gobierno sostiene que no sería necesario avanzar con nuevas regulaciones legislativas.
La posición oficial parte de la idea de que el propio funcionamiento del mercado puede contribuir a corregir progresivamente la situación y que una regulación excesiva podría generar consecuencias sobre la disponibilidad y las condiciones del crédito en el futuro.
Ese será uno de los principales desafíos para la oposición durante el tratamiento de los proyectos: encontrar puntos de coincidencia entre iniciativas que tienen enfoques diferentes y alcanzar un texto común con posibilidades de avanzar en el recinto.
El proyecto de Del Plá aborda una problemática mucho más específica dentro de ese universo: el endeudamiento de los repartidores con las propias plataformas para las que prestan servicios.
El artículo primero establece que las empresas de reparto, entrega a domicilio o transporte de cargas ligeras no podrán otorgar, intermediar, comercializar o facilitar créditos destinados a sus trabajadores con intereses que excedan la tasa pasiva del Banco Nación.
La propuesta apunta a evitar, según sus autores, que la misma empresa que organiza y obtiene beneficios de la actividad termine convirtiéndose también en acreedora del trabajador.
En los fundamentos, los diputados sostienen que muchos repartidores recurren a este tipo de financiamiento para comprar, mantener o reparar las herramientas que necesitan para trabajar, principalmente motos y bicicletas.

Uno de los puntos más fuertes del proyecto está en el tratamiento de las obligaciones existentes.
La iniciativa propone declarar nulos los intereses compensatorios, punitorios, moratorios y cualquier otro cargo financiero que exceda el capital original de las deudas contraídas con las plataformas o sus empresas financieras vinculadas.
Además, establece que aquellas deudas tomadas específicamente para financiar herramientas de trabajo sean declaradas nulas en su totalidad.
El texto también busca impedir un mecanismo habitual de cobro: la retención o el descuento automático de salarios, comisiones o ingresos de los repartidores para cancelar obligaciones crediticias.
La iniciativa no se limita al aspecto financiero. También plantea una modificación de fondo sobre la relación entre las plataformas y los repartidores.
El artículo tercero establece el reconocimiento de una relación de dependencia laboral plena para todos los trabajadores y repartidores que presten servicios para empresas de plataformas digitales.
Eso implicaría la aplicación de la normativa laboral vigente, los convenios colectivos y los regímenes de seguridad social, además de derechos vinculados con aportes previsionales, obra social, cobertura frente a riesgos del trabajo y estabilidad.
La propuesta parte de una crítica central del Frente de Izquierda al denominado modelo de "economía gig": según los fundamentos, las plataformas presentarían a los repartidores como trabajadores independientes o monotributistas pese a que existiría, en los hechos, una relación de dependencia.

Otro de los cambios planteados apunta directamente a los costos que actualmente afrontan los repartidores.
El proyecto establece que las plataformas deberían proporcionar gratuitamente los instrumentos necesarios para desarrollar la actividad, incluyendo vehículos, cascos, indumentaria reflectante, cajas térmicas y dispositivos de comunicación.
También quedarían a cargo de las empresas la renovación, el mantenimiento y la reparación de esos elementos.
La lógica detrás de la propuesta es trasladar a las compañías el costo operativo que, según los autores, actualmente recae sobre los trabajadores.
El proyecto incorpora además un mecanismo de fiscalización que podría generar uno de los principales debates durante su tratamiento.
Se propone crear una comisión integrada por delegados elegidos por los propios repartidores en asambleas de trabajadores de cada plataforma.
Ese organismo tendría facultades para controlar el cumplimiento de la ley, auditar los algoritmos utilizados para asignar tareas y verificar que se haya interrumpido el cobro de las deudas alcanzadas por la norma.
El texto incluso contempla la posibilidad de interrumpir el funcionamiento de las plataformas ante incumplimientos patronales.
En los fundamentos, los diputados describen la situación como un esquema de "explotación" y cuestionan que los trabajadores deban endeudarse para poder disponer de sus herramientas laborales.
Afirman que el endeudamiento de los repartidores con las propias plataformas habría aumentado un 122% durante el último año, con una deuda promedio cercana a los $900.000 por trabajador.
También sostiene que organizaciones de trabajadores de reparto denunciaron tasas de interés que llegarían hasta el 700% anual.
Para los autores, el crédito ofrecido por las aplicaciones puede convertirse así en un mecanismo que profundiza el endeudamiento y obliga a extender las jornadas laborales para afrontar las cuotas.