por Redacción NewsDigitales
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron este martes una prueba que, según afirman, demuestra que la expresidenta fue condenada por un hecho falso en la causa Vialidad. La sumaron al reclamo que tramitan ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego la dieron a conocer a las 15 en una conferencia de prensa en el NH Hotel de Bolívar 160, en la Ciudad de Buenos Aires.
La prueba no salió de la causa Vialidad sino de otro expediente. "Estamos convencidos y nunca nos dejamos vencer, de que la verdad iba a salir a la luz. Y a veces de la manera más inesperada", dijo Beraldi.
Es una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad. La aportó el 6 de agosto un técnico del organismo, que declaró como testigo convocado por la fiscalía en el juicio por la causa Cuadernos. Tiene ochenta columnas con datos sobre la ejecución de las obras viales.
A pedido de la defensa, la consultora brasileña Specs analizó esa planilla. Su informe, fechado el 14 de septiembre, estudia los pagos de la "Fuente 14" del Presupuesto Nacional entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015. Estos son los resultados:
"La inversión que se hizo es enorme, más de 2.000 millones de dólares, y lo asignado a Lázaro Báez es menos del 1%. Esto demuestra con un dato concreto que lo que se dijo en la sentencia, de que se quiso favorecer a Lázaro Báez con un decreto, es falso", afirmó Beraldi.
Valim fue en la misma línea: "Si ese decreto fue dictado para favorecer al grupo empresarial, resulta difícil de creer que sea para destinarle apenas el 1% de los recursos".
El informe incluye un ranking con las 15 constructoras que más dinero recibieron de esa fuente. Juntas se llevaron el 75% del total. El Grupo Austral no figura en esa lista. Las cinco primeras fueron:
Valim señaló que la primera del ranking pertenecía a un primo del expresidente Mauricio Macri. Ese primo, Angelo Calcaterra, fue dueño de IECSA. En marzo de 2017 la compró el empresario Marcelo Mindlin y la rebautizó SACDE.
Según Valim, las empresas que más fondos recibieron en ese período están vinculadas a "oponentes políticos" de la expresidenta.

El estudio analiza un solo origen de fondos, la "Fuente 14". No incluye el dinero que llegó a las obras por otras vías.
La condena abarcó 51 obras viales en Santa Cruz adjudicadas a empresas de Báez. Según el informe, solo 17 de ellas cobraron de esa fuente, y lo hicieron en tres años:

No de manera directa. El Comité de Derechos Humanos de la ONU no anula sentencias: su decisión final es una "recomendación" al Estado argentino. Sobre el peso de esa recomendación hay dos posturas:
Según los abogados, los pedidos urgentes podrían resolverse "en cuestión de meses", y la decisión de fondo "podría tardar algunos años". La próxima reunión del Comité está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre.
Hay un antecedente. Valim defendió a Luiz Inácio Lula da Silva, que recurrió al mismo Comité en 2016. El organismo rechazó sus pedidos urgentes pero le dio la razón en el fondo, cuando la Justicia brasileña ya había anulado su condena.

La presentación ingresó el 29 de julio e incluye tres pedidos urgentes:
Sobre la prisión domiciliaria, Borrego dijo que la expresidenta "tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire".
Valim aclaró que el reclamo "no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial". El trámite es solo por escrito: la expresidenta no puede declarar ante el Comité.
"Cuando fui a declarar, la sentencia ya estaba escrita"
— Corta (@somoscorta) June 10, 2025
Tras la ratificación de la condena en su contra, Cristina Kirchner apuntó contra quienes "rechazaron todos los recursos" y criticó: "La paradoja es que los Sturzenegger y Caputos estén en libertad y yo presa". pic.twitter.com/ci6IGElhy1
El Tribunal Oral Federal N° 2 la condenó por administración fraudulenta, es decir, por perjudicar al Estado en el manejo de fondos públicos. La pena es de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo en noviembre de 2024, y la Corte Suprema lo dejó firme el 10 de junio de 2025.
Según Beraldi, la condena se apoya en el Decreto 54 de 2009, que firmó la expresidenta. El tribunal consideró que ese decreto buscaba financiar las obras de Báez. La defensa sostiene que era "una norma de carácter general" para obras viales.
Cristina Kirchner cumple la pena en su departamento de San José 1111 desde el 17 de junio de 2025. El 2 de julio de 2026 la Corte dejó firme un decomiso de $684.990 millones contra ella, Báez y otros condenados. El lunes, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un reclamo de la defensa contra los embargos sobre ese departamento y sobre inmuebles de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

El estudio lleva la firma de los economistas Antonio Corrêa de Lacerda y André Paiva Ramos y del contador Roberto Yassuo Shiroma. Lacerda es profesor en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y presidió el Consejo Federal de Economía de Brasil.
En la defensa, Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Valim es profesor universitario y especialista en "lawfare", término que se usa para denunciar el uso de la Justicia con fines políticos.
TM