El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó este 15 de septiembre Redata con contrapartidas obligatorias para los data centers que busquen sus beneficios. El texto aprobado mantiene el intercambio central: suspensión de tributos sobre equipos a cambio de energía limpia o renovable, eficiencia hídrica, capacidad para el mercado brasileño e inversión tecnológica. El esquema exige habilitación por la Receita Federal.
El costo fiscal vuelve relevantes esas condiciones. El Gobierno estimó una renuncia cercana a R$ 5.200 millones en 2026 y de R$ 1.000 millones en cada uno de los dos años siguientes. NewsDigitales ya había analizado cómo Brasil vinculaba incentivos con I+D local; ahora importa precisar qué debe cumplir una empresa para conservarlos después de la sanción.
La primera obligación ambiental combina electricidad y uso de agua. El proyecto deberá cubrir toda su demanda eléctrica con contratos de suministro o autoproducción provenientes de fuentes limpias o renovables y mantener un Water Usage Effectiveness de hasta 0,05 litros por kWh, medido cada año. El indicador relaciona agua utilizada y energía consumida por la instalación, aunque otros criterios de sostenibilidad quedarán sujetos a reglamentación.
Redata también obliga a reservar valor de procesamiento dentro de Brasil. Como regla, al menos 10% de la capacidad instalada con el incentivo debe quedar disponible para el mercado interno, mediante comercialización local o cesión gratuita a instituciones científicas y al sector público. El texto permite sustituir ese compromiso por inversión adicional equivalente a 10% del valor de los equipos beneficiados en proyectos prioritarios de investigación, desarrollo e innovación.

La obligación tecnológica no termina en esa alternativa. Cada beneficiario debe invertir en Brasil al menos 2% del valor de los productos comprados o importados con Redata en investigación, desarrollo e innovación, y 40% de los recursos de esos programas debe dirigirse al Norte, Nordeste y Centro-Oeste. En proyectos instalados allí, los compromisos de capacidad local e inversión se reducen 20%, mientras la empresa deberá publicar reportes de sostenibilidad.

El punto pendiente es la reglamentación que transformará esas obligaciones en controles operativos. El Ejecutivo deberá definir la habilitación, qué fuentes califican como limpias, el factor para capacidad cedida y otros indicadores ambientales. Incumplir la capacidad interna puede suspender nuevas adquisiciones y, si la falta no se corrige en 180 días, cancelar la habilitación; el grupo queda dos años fuera. Redata funciona así como incentivo condicionado, no como exención automática.