China puso en vigor el martes 15 de septiembre nuevas reglas de entrada y salida que amplían las facultades de las autoridades para impedir que determinados ciudadanos abandonen el país por razones relacionadas con la seguridad nacional, tecnológica e industrial. La medida profundiza los controles sobre la circulación de personas que puedan manejar información considerada estratégica.
Las disposiciones permiten imponer prohibiciones de salida de entre seis meses y tres años a ciudadanos chinos que regresen al país después de haber cometido en el extranjero actos ilegales o delitos que, según las autoridades, hayan perjudicado la seguridad o los intereses nacionales. También habilitan restricciones para quienes infrinjan normas de importación o exportación de tecnología de una manera que pueda comprometer sectores industriales sensibles.
Una de las novedades más relevantes es que las autoridades pueden demorar la notificación de una prohibición de salida cuando consideren que informar al afectado podría interferir con una investigación penal o perjudicar la seguridad nacional. Esa posibilidad incrementó las dudas sobre cuánto margen tendrán los organismos encargados de aplicar las nuevas reglas.

Las restricciones de viaje existen desde hace años para funcionarios, trabajadores de empresas estatales y personas con acceso a información confidencial. Sin embargo, la nueva reglamentación incorpora de manera más explícita cuestiones relacionadas con transferencias tecnológicas, controles comerciales y seguridad industrial.
El cambio se produce mientras China intenta proteger sectores considerados esenciales para su desarrollo económico y estratégico, en medio de una competencia internacional cada vez mayor por semiconductores, inteligencia artificial, baterías y otras tecnologías avanzadas.
Las normas también contemplan prohibiciones de entrada de uno a cinco años para extranjeros que proporcionen información falsa al solicitar una visa. Además, incluyen herramientas destinadas a impedir que ciudadanos chinos sean engañados para viajar al exterior y terminen involucrados contra su voluntad en redes de estafas digitales o actividades ilegales de juego.
La aplicación de las medidas generó especial inquietud en Taiwán. Pekín considera a los habitantes de la isla ciudadanos chinos y las autoridades taiwanesas temen que profesionales vinculados con industrias tecnológicas puedan quedar expuestos a restricciones durante viajes al continente. Especialistas en semiconductores, ingeniería y propiedad intelectual aparecen entre los sectores más sensibles.
China sostiene que la reglamentación aporta mayor claridad jurídica y garantías legales y asegura que no está dirigida contra los viajeros comunes que realizan desplazamientos legítimos, sino contra actividades transfronterizas ilegales que puedan perjudicar sus intereses.
El punto de tensión será cómo se definan conceptos amplios como seguridad tecnológica, industrial o intereses nacionales. La entrada en vigor de las reglas muestra que la competencia por el conocimiento estratégico ya no se limita a fábricas, inversiones o controles comerciales: también alcanza a las personas que poseen ese conocimiento y a su posibilidad de cruzar una frontera.