por Redacción NewsDigitales
El tema del cobro de las tasas municipales y el agro sumó un nuevo capítulo, esta vez en territorio cordobés. La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) volvió a reclamar una definición provincial sobre las tasas que municipios y comunas de Córdoba cobran a productores ganaderos por el visado y conformado de las guías necesarias para el traslado de animales.
La entidad ruralista solicitó a la Legislatura que avance con los proyectos de ley presentados por los legisladores Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich y planteó que el tema requiere un criterio único para todo el territorio cordobés.
El planteo se centra en que -según CARTEZ- numerosos gobiernos locales mantienen cargos vinculados con una tarea que actualmente se encuentra concentrada en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). “Un grupo reducido debe pagar por una prestación que, en los hechos, no recibe”, sostuvo la organización.
La entidad señaló que las guías son documentos electrónicos necesarios para el traslado de animales y cuestionó que se mantengan cobros municipales por su visado y conformado cuando, de acuerdo con su planteo, esas funciones ya no son realizadas por los gobiernos locales.
El reclamo también está vinculado con las diferencias que existen entre municipios y comunas. La organización reconoció que Córdoba presenta realidades locales diversas y que en algunos casos intervienen sociedades rurales que comparten con los gobiernos locales los recursos obtenidos por estos conceptos.
“Se trata esta, sin duda, de una cuestión compleja, atravesada por realidades locales que impiden un análisis único”, planteó la entidad. Sin embargo, consideró que esa diversidad no debería demorar una definición provincial: “Esa complejidad, sin embargo, no puede servir de excusa para postergar una solución que ya es urgente”.
Los ruralistas también cuestionaron el criterio con el que se distribuye el costo de estos cargos. Según señalaron, no todos los productores agropecuarios están alcanzados de la misma manera, ya que el cobro recae particularmente sobre quienes realizan actividades de cría o engorde de animales.
“Un único grupo de vecinos -que, además, no se encuentra entre los de mayores ingresos- no debería cargar con el financiamiento de gastos que benefician al conjunto de la comunidad”, sostuvo la organización.
En ese punto, la entidad vinculó la actividad ganadera con el movimiento económico de las localidades del interior cordobés y señaló que contribuye al “arraigo, la producción y el empleo rural”. Por eso, consideró que los productores no deberían asumir en forma exclusiva costos generales de los municipios y comunas cuando el pago exigido no está asociado a una prestación concreta.
Con estos argumentos, la organización insistió en la necesidad de una regulación de alcance provincial. “Por eso es indispensable establecer un criterio general para todo el territorio provincial”, sostuvo.
En ese marco, CARTEZ reclamó a la Legislatura que avance con el tratamiento de las iniciativas impulsadas por Agost Carreño y Gvozdenovich. También pidió al presidente de la Comisión de Agricultura, Mariano Ceballos, que convoque a una reunión para analizar ambos proyectos y que se garantice la participación de la entidad en ese debate.